Chilpancingo, Gro., septiembre 29 de 2017 (IRZA).- La Procuraduría General de la República (PGR) retomó la investigación en torno de los profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero que habrían presentado documentos apócrifos para su contratación, de acuerdo con la denuncia presentada por la institución en mayo de 2015 y ratificada por la misma un mes y medio después.
El agente a cargo de la Mesa Uno del Sistema Tradicional del Ministerio Público Federal en la Delegación Estatal de la PGR, Edgar Fernando Bueno Villa, envió los citatorios para que los involucrados aporten más datos, pero en esta ocasión respecto de la instancia y el personal que en su momento les recibió los supuestos documentos falsos en la Universidad.
Uno de los requerimientos a los cuales IRZA tuvo acceso, refiere claramente que se tendrán que aportar elementos a la averiguación previa PGR/GRO/CHI/I/933/2015, abierta tras la denuncia, ahora “respecto del lugar en donde (presentaron) la documentación solicitada por la Universidad Autónoma de Guerrero, para con ello tener una relación contractual”.
Se desconoce si todos los denunciados recibieron el citatorio, pues de acuerdo con el propio rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, en declaraciones hechas a la prensa en agosto y octubre del año pasado, el único que acreditó la legalidad y autenticidad de sus documento fue el profesor de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, Elino Villanueva González.
En el año 2013, una revisión de la Auditoría Superior de la Federación detectó que 35 maestros y funcionarios de la UAGro tenían problemas con su documentación, pero de ellos sólo ocho fueron denunciados, y al final quedaron Crescencio Quintero Cerón, Nidia López Pérez, Saúl Casarrubias González, Humberto Vidales Gazcón, Demetrio Santana Estrada y el propio Villanueva González.
Sin embargo, a este último la propia PGR le regresó su título y demás documentos después de realizar un peritaje que comprobó su autenticidad, y le liberó en marzo de este año el auto de no ejercicio de la acción penal, lo que le permitió llegar a un acuerdo con la Rectoría para compensar el daño cometido a cambio de no presentar una contrademanda, el cual está por concretarse.
En dicho documento se expresa claramente que el escritor, profesor e historiador adscrito a la FACOM “no ha cometido ninguna conducta que de acuerdo con la ley pueda considerarse como delito”, luego de dos años de haber reclamado lo que, según él, es la peor infamia cometida en la Universidad en toda su historia en contra de un integrante de la comunidad universitaria.
La nueva línea del expediente, de acuerdo con las fuentes consultadas, implicaría ahora a quienes en su momento recibieron la documentación de los denunciados, toda vez que las contrataciones en la Universidad son bilaterales y quienes reciben la documentación es tanto la administración universitaria como el propio sindicato del personal académico. (www.agenciairza.com)