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Piden en el Congreso de Guerrero, de 10 a 25 años de prisión, a quienes cometan delito de extorsión

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Chilpancingo, Gro., 22 de noviembre de 2017.- El diputado Ernesto Fidel González Pérez propuso reformar el Código Penal para imponer de 10 a 25 años de prisión y de doscientos cincuenta a mil días de multa, a quienes cometan el delito de extorsión.

Esto debido a que en la legislación actual el delito de extorsión es castigado de cinco a 15 años de prisión y de 250 a mil 500 días de multa, la cual aumenta de acuerdo a diferentes modalidades en la comisión del delito. 

Al exponer los motivos, el diputado de extracción perredista dijo que el objeto de adecuar el marco normativo para  incrementar las penas relacionadas a este delito, es porque éste ha aumentado en los últimos años, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

También se proponen adiciones al artículo 244 del Código Penal para que la sanción aumente hasta en dos terceras partes cuando el delito se cometa en contra de personas físicas o morales que realicen actividades comerciales y se emplee cualquier mecanismo o amenaza, incluso hacer creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aun cuando sea sólo para lograr que la víctima no denuncie el hecho.

El diputado resaltó que la Cámara Nacional de Comercio ha informado que cada vez se repite más este ilícito y no existen denuncias ante la Fiscalía de Guerrero. La razón es que las víctimas no tienen confianza de ir a un Ministerio Público y denunciar el hecho, trayendo como consecuencia que los comerciantes de diferentes rubros cierren sus negocios y abandonen sus viviendas para salir de sus ciudades, ante las extorsiones y secuestros de los que son víctimas por parte del crimen organizado.

“La extorsión criminal florece a la sombra de un Estado fracasado, los ciudadanos tienen certeza de que la autoridad no les ofrece garantías para la protección de su integridad física y patrimonial; por eso es necesario reformar el Código Penal, para garantizar seguridad y la aplicación de la justicia a quienes vulneran las garantías del sector empresarial en la entidad”, reiteró González Pérez.

La iniciativa de reforma y adición al Código Penal fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.