Acapulco Gro., 08 de junio del 2018(Noticias Acapulco al Desnudo.com) Si algún día se escribiera el epitafio de la Procuraduría General de la República, como institución “disfuncional” y síntesis de la era de impunidad que atraviesa el país, la sentencia de principio de semana de un Tribunal Colegiado por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sería un referente para comenzar a documentar el fin de una etapa de como funcionó bajo el presidencialismo mexicano.
Crear una Comisión de la Verdad para el caso, donde los familiares de las víctimas y la CNDH fijen las líneas de investigación, entre las que está inspeccionar los cuarteles militares donde se presuma pudieron haber estado los jóvenes, como el de Iguala, son solo parte de la histórica sentencia que exhibe de nueva cuenta no solo la disfuncionalidad de la procuración de justicia en México, sino la falta de independencia y profesionalismo para investigar crímenes que han lacerado a la sociedad.
México, 8 de junio.- La sede del 27 batallón de infantería en Iguala, podría convertirse en la primera instalación militar inspeccionada por personal civil en lo que sería una inédita Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en ésta ciudad en circunstancias aun sin aclarar.
El pasado lunes 4 de junio un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso, después de concluir que la Procuraduría General de la República (PGR) no actuó de manera “pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, en su obligación constitucional de procurar justicia en uno de los casos considerados emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos en México.
De acuerdo al fallo, la comisión se integraría con representantes de las víctimas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, aunque solo los dos primeros actores decidirían las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse.
Lo inédito del fallo judicial, al que de inmediato la PGR se inconformó, se centra en que toca la médula del llamado “pacto de impunidad”, donde la dependencia ha quedado señalada como una institución “disfuncional” en la investigación de crímenes que han lastimado a la sociedad en su conjunto.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementarse en el caso concreto a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación, consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público. De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente estas dos últimas a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, según la sentencia emitida por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas.
El fallo se dio a seis meses de que concluya el actual sexenio, donde en otro momento el secretario de la Defensa Nacional se opuso de manera tajante a que personal ajeno al ejército interroguara a los efectivos del 27 de infantería que intervinieron la noche del 26 de septiembre en Iguala.
A principios de octubre del 2015, tras la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se interrogara a los soldados, el general Salvador Cienfuegos Zepeda rechazó a que esa posibilidad existiera.
“He estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento, solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas, el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana, en ningún momento dice que pueden interrogar”.
“No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito ¿qué quieren saber? ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que los soldados los traten como criminales, los quieren interrogar para posteriormente, hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, declaró el general secretario en esa ocasión a un canal de televisión.
Pese a que el fallo del pasado lunes da un lapso de 10 días para sentar las bases de lo que seria la comisión, la posible apelación judicial de la PGR retrasaría varios meses su posible puesta en marcha, y abriría la puerta a que sea el próximo gobierno al que le tocaría en su caso, concretarlo.
¿El epitafio de la PGR?
El trabajo de investigación ministerial por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa omitió indagar las líneas de investigación que apuntaban a “la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal”, varias de las actuaciones fuera de norma llevaron a concluir que no fue “independiente ni imparcial”, dice el fallo judicial.
Para los magistrados, quienes aprobaron por unanimidad la resolución, la investigación que se dio a conocer mediáticamente como “la verdad histórica”, fue deficiente pues el tipo de afirmaciones como el de que los estudiantes llegaron a Iguala a boicotear un acto político del perredista José Luis Abarca, entonces presidente municipal, que iban armados y que entre ellos habían infiltrados del grupo criminal autodenominado “los Rojos”, “carecen de soporte probatorio”.
La clave del entramado fue que a los detenidos y acusados por la presunta incineración de los estudiantes , fueron torturados. Se recoge la evidencia de que en 20 casos de detenidos fueron presentados sin lesiones, y horas después a su presentación mostraban signos de agresión física. Con antelación se había publicado que varios de los hechos de tortura se le atribuyeron a miembros de la secretaría de Marina.
Los magistrados tras señalar que en otros casos la presentación de los detenidos se hizo hasta 11 horas después e incluso algún caso duró mas, en todos llegaron golpeados. La parte inverosímil de la indagatoria fue cuando la policía se justificaban diciendo que las presentaciones tardaban debido a que se “ponchaban las llantas” o los motores de los vehículos “se sobrecalentaban”.
El Colegiado ordenó también aplicar el protocolo de Estambul a los detenidos que fueron torturados, es decir un estudio sobre los efectos secundarios que esto generó, y fue tajante en señalar que la PGR no puede participar con sus peritos, ni las procuradurías estatales ni ninguna otra dependencia a cuyo personal se atribuyen actos de tortura, como la Policía Federal, la Defensa Nacional y la Marina, entre otros.
La parte medular del fallo dice que ante la falta de independencia de las autoridades encargadas de procurar justicia, y de los cuerpos encargados de la seguridad de los tres órdenes de gobierno, los magistrados ordenaron crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala), la cual seguirá el modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, conocido como “Protocolo de Minnesota”.
Esta Comisión tendrá “libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se pueden encontrar los estudiantes desaparecidos, o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso lugares sujetos a jurisdicción militar o castrense”.
Para su operatividad, se pide al Congreso de la Unión que considere un presupuesto para que la Comisión de la Verdad pueda operar. También ordenó al gobierno que entregue un pago por reparación del daño, que en principio sería 500 mil pesos, lo cual no lo exime que tenga que cumplir con la obligación de que haya justicia y se llegue a la verdad de los hechos.
Con ello se abre un capítulo inédito en la investigación de crímenes considerados de lesa humanidad en el país.