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Sáb, Sep

PGR investiga cien casos de posible tortura por caso Ayotzinapa

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La PGR inició una averiguación previa, en la que se encuentran más de un centenar de posibles víctimas de tortura. La Procuraduría General de la República investiga desde 2016 al menos cien casos de posible tortura contra personas investigadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotiznapa.

 

 

Po: RUBÉN MOSSO


Ciudad de México 12 de septiembre del 2018(Milenio).- En un acuerdo emitido por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Décimo Noveno Circuito, relacionado con el juicio de amparo 177/2015, promovido por Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, uno de los acusados por el secuestro de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, la PGR reconoce dicha pesquisa.

“Se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación titular de la mesa 8, en representación del procurador general de la República, informando que en la actual Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, se inició la averiguación previa 1013/UEIDT/48/2016, en la que se encuentra más de un centenar de posibles víctimas de tortura entre ellas las que señala en la ejecutoria (de amparo concedida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y que ordena crear la comisión de la verdad del caso Iguala).

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“Asimismo, informa (el Ministerio Público) que se recabaron de la Coordinación General de Servicios Periciales de dicha institución, 12 dictámenes médicos/psicológicos especializados para casos de posible tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), practicados a igual número de personas que se señalan en la mencionada resolución, siendo un total de 14 dictámenes, y que a la fecha se continúa con la investigación)”, detalla el acuerdo que fue publicado el pasado viernes.

En la sentencia del Primer Tribunal Colegiado que ordena crear la comisión de la verdad se enfatiza que el Ministerio Público Federal no fue “imparcial” e independiente en a investigación que realizó por la desaparición de los normalistas, además de que algunos detenidos presuntamente fueron torturados.

El pasado 4 de junio, la PGR mencionó, sobre el caso de tortura, que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.

“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, señaló la PGR.

El año pasado, la dependencia federal informó los resultados de protocolo aplicado a ocho presuntos delincuentes que actualmente se encuentran presos y que han sido relacionados con la desaparición de los normalistas.

En el caso de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, de quien se presume dio la orden de asesinar a los estudiantes y destruir todo lo que pudiera relacionar al grupo criminal Guerreros Unidos, sí presentaba algunas lesiones que pudieran tener correspondencia con ciertas maniobras o acciones de tortura física.

En el caso de Edgar Vieyra Pereyda, El Taxco, ex policía municipal de Iguala, se detectaron algunas lesiones que pueden tener correspondencia con ciertas maniobras o acciones de tortura física.

“De la evaluación psicológica, el procesado aceptó la aplicación de la misma y se determinó que no presenta reacciones psicológicas, ni clasificaciones de diagnóstico establecidas en víctimas de un evento de tortura, esto de conformidad con lo que establece el Protocolo de Estambul”, comentó la institución.

Las otras personas sometidas a los exámenes y que están presas por la desaparición de los normalistas son Alberto Aceves Serrano, Darío Morales Sánchez, Edgar Magdaleno Navarro Cruz, Leodan Fuentes Pineda y/o Leodan Pineda Fuentes, Oscar Augusto Pérez Carreto y Verónica Bahena Cruz; los dictámenes arrojaron que no presentan lesiones que pudieran ser compatibles con posibles maniobras de tortura física o psicológica.