Pide a México que frene la marcha y advierte de que, si no, llamará al Ejército
Acapulco Gro., 19 de octubre del 2018 (ABC) Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, elevó este jueves un grado más la presión para tratar de frenar la caravana de centroamericanos, mayoritariamente hondureños, que se dirige hacia al norte. Además de amenazar con cortar todas las ayudas al Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Honduras y Guatemala– si no detienen a los inmigrantes, solicitó enérgicamente a México que haga lo posible por frenar la caravana. Y si México falla en esta empresa, el presidente tomará una medida más radical: ordenar al Ejército que cierre la frontera sur como medida para tratar de desmoralizar al creciente grupo de centroamericanos ubicados actualmente en Guatemala.
La caravana va en aumento. El martes se contabilizaban unos 2.000 inmigrantes, el miércoles ya eran 3.000 y para el sábado se espera que se unan más hondureños, hasta sumar un total de 5.000 personas, según dijo el padre Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante en Guatemala, al diario local «La Hora». «Probablemente son unos 15.000 los que están dejando el país [Honduras] para incorporarse en esta caravana porque no tienen condiciones de vivir ahí por la violencia y la pobreza», dijo Verzeletti. De acuerdo con Médicos Sin Fronteras (MSF), al menos la mitad de los inmigrantes que cruzan México para llegar a EE.UU. huye por la violencia.
El país azteca toma medidas
Pese a haber conseguido que las autoridades guatemaltecas detuvieran y deportaran a un exdiputado hondureño que fue uno de los organizadores de esta caravana llamada «Caminata del Migrante», los centroamericanos siguen uniéndose para formar un gran grupo que les permita tener mayor seguridad en su futura travesía por México, un peligroso trayecto en el que al menos siete de cada diez inmigrantes son asaltados, de acuerdo con MSF.
El siguiente escollo será atravesar la frontera entre Guatemala y el sur de México, donde el Gobierno azteca ha enviado un contingente de 224 agentes federales para apoyar a las autoridades migratorias ante la previsible saturación de solicitudes de ingreso al país. Pero el objetivo de este destacamento no es frenar el avance de la caravana que salió de San Pedro Sula (Honduras) el pasado sábado. «Vamos a proteger a los migrantes», dijo Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación de México.
El Instituto Nacional de Migración (INM) de México, por su parte, indicó en un comunicado que permitirá la entrada al país de todos los centroamericanos que cuenten con la visa requerida y atenderá todos los casos en los que se solicite la condición de refugiado.
Para poder cruzar México, el INM otorga visas que autoriza a los centroamericanos a transitar durante 20 días por el país para llegar a la frontera norte. Sin embargo, varios inmigrantes optan por pedir el estatus de refugiado en México debido a los peligros que entraña cruzar el país. Así, las peticiones de asilo en México aumentaron un 66% en 2017 con respecto al año anterior, según la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Mientras tanto, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión el 1 de diciembre, ha expresado que durante su gobierno se darán visas de trabajo para aquellos centroamericanos que quieran trabajar en México, como medida para frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. De llevar cabo este todavía indefinido plan, México trataría de absorber un mayor número de inmigrantes que desistirían de continuar su camino hacia el norte.
La pregunta que faltaría hacerse es hasta qué punto un gran número de las personas que huyen de la violencia y de la pobreza serían seducidas a quedarse en un país, México, con una media de casi 80 asesinatos diarios y un salario mínimo de apenas 4 dólares al día, comparado con los 7,25 dólares la hora que se gana como mínimo en Estados Unidos.
Cientos de millones para el desarrollo de Centroamérica están en el aire
Donald Trump ha decidido presionar a los gobiernos centroamericanos para que frenen la caravana con la amenaza de cortar los cientos de millones de dólares que Washington envía cada año para ayudar a Guatemala, El Salvador y Honduras. Se trata de fondos de cooperación aprobados por el Congreso para ayudar en seguridad, luchar contra la corrupción y apoyar el desarrollo de estas naciones. Guatemala, por ejemplo, recibió 79 millones de dólares en 2017 para fomentar su desarrollo económico y 48 millones más para combatir la violencia. En este apartado, El Salvador y Honduras recibieron 85 millones de dólares y 65,5 millones respectivamente. En total, se financian programas que van de la lucha contra la trata de personas hasta la mejora de la recaudación fiscal en la región.