El 26 de diciembre de 1978, el gobierno de Adolfo Suárez acabó con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social
«Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación los que realicen actos de homosexualidad». Con estas líneas comenzaba uno de los artículos más controvertidos de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social ideada por el gobierno franquista. Una norma que buscaba ofrecer «tratamiento» a los gays y transexuales internándoles en «establecimientos de trabajo» o (entre otros tantos lugares) «instituciones especiales» y que, un 26 de diciembre de 1978, fue derogada por el gobierno de Adolfo Suárez.
Esta fecha no es, a día de hoy, la más popular para el colectivo LGTB. Sin embargo, a nivel práctico supuso la legalización de la homosexualidad en nuestro país. Y es que, hasta entonces el franquismo trataba de enfermos a los homosexuales (al igual que la Organización Mundial de la Salud, que no despatologizó esta orientación sexual hasta 1990) y enviaba a las personas que consideraba pasivas a la cárcel de Badajoz y a las que tildaba de activas a la prisión de Huelva.
Vagos habituales, rufianes y proxenetas, prostitutas, ebrios habituales y toxicómanos, los mendigos habituales y «los que vivieren de la mendicidad ajena o explotaren con tal fin a menores, enfermos, lisiados o ancianos» o los «menores de 21 años abandonados por la familia o rebeldes a ella que se hallaren moralmente pervertidos» eran, por poner solo algunos ejemplos, otros supuestos de esta ley.
Por si fuera poco, esta norma supuso la encarcelación de miles de personas. «Al menos 5.000 personas fueron detenidas por actos o actitudes gais, lésbicas o transexuales durante el franquismo. 5.000 vidas fichadas. Pero este número es sólo una aproximación, porque los historiales están dispersos por las distintas cárceles y porque en muchos casos la condena alegaba prostitución en vez de homosexualidad como delito», afirmaba el BOE del 6 de mayo de 2015.
Vagos y maleantes
La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social no fue, con todo, la primera de su género. Y es que suponía una mera evolución de la Ley de Vagos y Maleantes creada en los años 30 en nuestro país y que cargaba contra los homosexuales de la siguiente forma:
«A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, se les aplicarán, para que cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes: Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. [...] Prohibición de residir en determinado lugar y obligación de declarar su domicilio. [...] Sumisión a la vigilancia de los delegados».
Esa norma, aprobada por las Cortes de la Segunda República en 1933, «constituyó un avance técnico indudable y supuso un paso acertado e importante en la necesaria política de defensa y protección social, en cuyo campo ha producido estimables resultados», según narraba el texto de 1970.
«Rehabilitar»
A pesar de ello, y «a pesar de los retoques parciales introducidos por disposiciones anteriores», en la España franquista de 1970 la Ley de Vagos y Maleantes era, «al menos en parte, un tanto inactual e incapaz de cumplir íntegramente los objetivos que en su día se le asignaron».
¿Los motivos? «Los cambios acaecidos en las estructuras sociales, la mutación de costumbres que impone el avance tecnológico, su repercusión sobre los valores morales, las modificaciones operadas en las ideas normativas del buen comportamiento social y la aparición de algunos estados de peligrosidad característicos de los países desarrollados que no pudo contemplar el ordenamiento de 1933».
Parte de la Ley de 1970 extraída del BOE
De ahí nació la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que, en su noveno fin, insistía en que la norma se preocupaba de la «creación de nuevos establecimientos especializados donde se cumplan las medidas de seguridad, ampliando los de la anterior legislación con los nuevos de reeducación para quienes realicen actos de homosexualidad», entre otras «peligrosidades».
Derogación
La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social condenaba al ostracismo y la irregularidad a gays y lesbianas, aunque en 1978 comenzaría el largo camino para acabar con ese estigma con la modificación de esa legislación, que, entre otros puntos, derogó el artículo tercero del texto, el relativo a las personas homosexuales.
Unos meses antes, el 25 de junio 1978, se celebraba en Madrid la primera manifestación del Orgullo en esta ciudad -la primera en España se ofició un año antes, en Barcelona-, donde miles de personas marcharon por la confluencia de la calle O’Donell con Menéndez Pelayo en protesta por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Pero, cuando finalmente se reformó esa norma casi medio año después, la noticia pasó «sin pena ni gloria, como un mero trámite que había que hacer» en el camino hacia la democracia, según apunta el presidente de la Fundación 26 de Diciembre, Federico Armenteros. «Fue un día normal y corriente, con el mismo miedo a que te pillaran. Yo ni me enteré. Estaba escondiéndome de ese momento para que nadie supiera que yo era maricón, ni yo mismo. Yo no quería ser un enfermo», rememora el activista.