Fernando García, director de Red de Frontera para los Derechos Humanos, afirma que la situación no tiene precedentes «desde la Segunda Guerra Mundial»
Acapulco Gro., 04 de octubre del 2018 (ABC) Es más fácil entrar en la sede de la CIA que en Tornillo». Lo dice un trabajador social de El Paso sobre el centro de detención de menores que las autoridades estadounidenses han creado cuarenta minutos al Sur de la ciudad fronteriza tejana, cerca del pueblo de Tornillo. El centro de detención es el último escándalo relacionado con la política migratoria de la Administración Trump: en los últimos días, cientos de niños indocumentados han sido enviados en autobuses hasta allí. Las condiciones de su detención y su futuro son un misterio.
A Tornillo se llega tras atravesar un paisaje que parece papel de lija: pedregal y arbusto. El centro de detención está pegado a un paso fronterizo y, al acercarse, aparecen regadíos que aprovechan el escaso caudal del Río Grande, que separa EE.UU. de México. La entrada al centro de detención es tan inhóspita como el desierto tejano. Es una maraña de vallas, verjas y seguridad. Los agentes que lo custodian cierran el paso y se limitan a dar una tarjeta de visita en la que se informa que, «para la seguridad y la privacidad de los niños a los que servimos», cualquier solicitud de información debe ser enviada al equipo de comunicación del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, en sus siglas en inglés). Pero no se permite entrar a Tornillo a periodistas o miembros de organizaciones civiles desde hace meses.
La valla solo se abre para el trajín de agentes de seguridad o el ocasional camión con suministros. Y, por la noche, con autobuses llenos de niños, después de viajes que a veces duran días.
«Llegan autobuses con cientos de niños todas las noches», asegura Fernando García, director de la Red de Frontera para los Derechos Humanos (BNRH, en sus siglas en inglés). Lo cuenta desde la sede de su organización en El Paso, sobre una loma desde la que la ciudad estadounidense y su hermana mayor, la mexicana Ciudad Juárez, parecen una sola mancha de autopistas, descampados, casas bajas y negocios de carretera.
«Es una detención sin precedentes, nunca ha habido un esfuerzo tan amplio e intencionado de detener a niños inmigrantes», dice, ante el tamaño extraordinario que está tomando el campo de Tornillo, que, según él, solo es comparable a los campos de concentración instalados para japoneses en EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial. El centro está junto a las instalaciones de un paso fronterizo poco transitado y que en 2017 se dedicó a Marcelino Serna, un mexicano que en 1916, con 20 años, cruzó el Río Grande como tantos otros para buscar una nueva vida en EE.UU. Acabó siendo el soldado de Texas más condecorado en la Primera Guerra Mundial. La paradoja quiere que hoy miles de niños estén detenidos por buscar un sueño similar junto al puente que lleva el nombre de Serna.
«Tolerancia cero»
El campo de Tornillo se levantó el pasado junio como una respuesta a la crisis de separación de familias, producto de la aplicación de la política de «tolerancia cero» impuesta por Donald Trump. En aquel momento, acogía entre 300 y 400 menores arrancados de sus familias o que había cruzado la frontera solos. En junio se permitió que algunos medios y políticos visitaran las instalaciones. Vieron tiendas de campaña, con hileras de literas y niños jugando a fútbol en descampados de tierra, bajo el sol achicharrante del Oeste de Texas.
Se suponía que Tornillo era una respuesta de emergencia ante la situación creada por «tolerancia cero» y que apenas estaría un mes en funcionamiento. Ante el escándalo público, Trump paró la separación de familias y se suponía que Tornillo cerraría el 13 de julio. No fue así,y el centro de detención solo creció. A mediados del mes pasado, el HHS, encargado de su gestión, reconoció que el centro de detención se expandía para tener una capacidad de 3.800 camas, diez veces más que cuando se creó, y que estaría abierto, al menos, hasta finales de año. La continuidad de las operaciones del centro, aseguró, «es un paso necesario y prudente» para que la Patrulla de Frontera pueda «prevenir la inmigración ilegal». Añadía que los menores «están en condiciones apropiadas hasta que se les pueda identificar un sponsor que pueda cuidar del menor hasta que se procese su caso».
La falta de transparencia sobre la situación de los niños dentro de Tornillo ha hecho que las dudas se disparen. Sobre todo, desde que el fin de semana pasado comenzaron los envíos masivos de menores hasta aquí desde las cuatro esquinas del país. «Es uno de los sitios más oscuros del país», denuncia García, cuya organización, como muchas otras, no ha tenido acceso al centro. Los pocos abogados y trabajadores sociales que han entrado lo hacen con la condición que no hablen, o de lo contrario se les retira el acceso.
Sin escolarizar
Se sabe que los niños no están escolarizados, como ha reconocido a ABC un portavoz del HHS -«es una instalación temporal», dice-, durante su estancia en Tornillo, y que cada vez pasan más tiempo detenidos. La media de días hasta que son puestos delante de un juez para tratar su caso por inmigración ilegal es ya de 59 días, el doble que hace un año.
En detenciones de emergencia, como la que se considera a Tornillo, «los estándares se aplican a la discreción de las autoridades. No hay rendición de cuentas sobre cómo se alimentan, educan, acceden a servicios legales o a trabajadores sociales», dice García. «Esto es al fin y al cabo una cárcel. Cada día que pasa, el impacto psicológico y emocional es problemático», advierte.
«Nos han castigado y traído al desierto», es como han explicado su situación menores a organizaciones que trabajan con inmigrantes en El Paso,.
La razón de la llegada masiva de menores a Tornillo es el endurecimiento de la política migratoria. Se detiene a más menores, pero, además, se ha dificultado que puedan recolocarse con sponsors -normalmente, familiares o amigos de su entorno- hasta que sean citados por el juez. Este verano, se cambiaron los protocolos de control de los sponsors, que en muchos casos son también inmigrantes. Se les empezaron a exigir que entregaran huellas dactilares. La policía de inmigración, ICE, también conocida como «la migra», ha detenido a 41 inmigrantes indocumentados que se ofrecieron como patrocinadores. Por esa presión, muchos dejaron de hacerlo, lo que contribuyó a colapsar el sistema e imposibilitar encontrar acomodo para los menores.
García considera el traslado masivo de menores como algo que va más allá de una respuesta de emergencia a un sistema desbordado. «Llevamos 25 años trabajando en la frontera y conocemos el sistema. Cuando a los inmigrantes se les mueve a la frontera, es para ser deportados. Se está cocinando una deportación masiva», asegura.
En declaraciones a este periódico, un portavoz del HHS insiste en que la intención del Gobierno es colocar a los menores con sponsors de una forma beneficiosa para «la seguridad pública» y para el «bienestar mental y físico» de los niños. «Nuestro objetivo es un equilibrio entre seguridad y rapidez», asegura sobre la salida de Tornillo, donde según sus datos hay ahora 1.600 niños.
No es la primera vez que se abre un campo de este tipo en EE.UU. La Administración Obama creó uno similar en 2016 muy cerca de aquí, en Fort Bliss, pero menor en su capacidad -1.800 camas- y donde los menores pasaban periodos de tiempo mucho más cortos.
El HHS detalla que las tiendas de campaña tienen unos 66 metros cuadrados y la cantidad de niños en ellos «varía», pero es «aproximadamente de veinte por tienda». Cada uno tiene su propia litera, se les alimenta de forma adecuada, tienen tiempo de recreo, ven deporte por televisión y tienen acceso a servicios legales y médicos. Además, se hacen «todos los esfuerzos» para que se puedan comunicar con sus padres o tutores. El cierre del acceso a organizaciones y periodistas hace imposible comprobar que sea así.