El cambio, a pocos días de las elecciones parciales al Congreso, requiere una reforma de la Constitución, que blinda ese derecho
A una semana de las elecciones parciales en las que los republicanos se juegan la mayoría en el Capitolio, Donald Trump ha endurecido aún más su política migratoriacon la promesa de revocar un derecho que históricamente ha hecho de EE.UU. una nación de inmigrantes: la concesión de nacionalidad a los nacidos en el país de padres extranjeros. Es una garantía recogida en la Constitución y no está claro que Trump pueda rescindirla por decreto, pero plantear su supresión supone una sacudida de los cimientos del Estado, ya que de padres extranjeros nacieron personalidades tan relevantes como Steve Jobs, Walt Disney, Madeleine Albright o Colin Powell.
El presidente de EE.UU., que considera que las elecciones del martes en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado son un referendo sobre su gestión, ha hecho de la política migratoria el tema central de la campaña. El lunes anunció un refuerzo de 5.200 soldados a los 2.000 que ya están desplegados en la frontera para contener el avance de varias caravanas de emigrantes centroamericanos. Además, ha prometido internar a quienes soliciten asilo en campamentos en la frontera, idénticos a los que ya albergan a 3.800 menores en Texas.
En las raíces
El anuncio del decreto con el que pretende acabar con el derecho de ciudadanía por nacimiento lo efectuó el presidente de EE.UU. ayer en una entrevista en el portal Axios: «Somos el único país del mundo en el que alguien viene, tiene un niño y ese niño es un ciudadano de EE.UU. durante 85 años, gozando de todos los beneficios, es ridículo». La mayoría de Estados, incluida España, conceden la nacionalidad sólo a hijos de ciudadanos, con la excepción de una treintena de países entre los que se encuentran EE.UU., Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Uruguay.
El derecho de nacionalidad por nacimiento lo incluyó en la Constitución norteamericana en 1868 con la decimocuarta enmienda, que establece que «toda persona nacida o naturalizada en EE.UU., y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los EE.UU.». Cada año nacen en EE.UU. de padres extranjeros unas 360.000 personas, según datos del Gobierno.
De esa provisión se beneficiaron especialmente los inmigrantes europeos en el siglo XIX y, más recientemente, los llegados de América Latina. La propuesta de Trump ha creado división en su propio partido. El senador Lindsey Graham, aliado del presidente, dijo ayer que «esa medida es un imán para la inmigración ilegal y debe acabar». Otros republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, creen que «es algo que, simplemente, no se puede hacer».
Para modificar la Constitución, Trump necesita dos tercios del Senado y la Cámara de Representantes y el voto favorable de al menos cuatro tercios de los 50 Estados. Sí que podría ordenar el presidente que la Administración norteamericana sólo conceda cédulas de identidad y seguridad social a hijos de ciudadanos, algo que con toda seguridad sería impugnado en los tribunales.
«Si toma esa medida, la llevaremos a los tribunales», advierte Omar Jadwat, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. «Es un escándalo que este presidente crea que puede anular derechos constitucionales a través de decretos».
Lo que sí puede hacer el presidente es movilizar a la Guardia Nacional en caso de emergencia, y así lo ha hecho esta semana, para enviar otros 5.200 soldados a la frontera sur, mientras advierte de medidas extremas para impedir la entrada en el país de varios convoyes con unos 7.000 emigrantes procedentes en su mayoría de Centroamérica y que cruzan México.
«Es una invasión de nuestro país», dijo el presidente Trump el lunes en una entrevista en el canal Fox News. El Pentágono cree que sólo un 20 por ciento de esos emigrantes llegarán a la frontera de Estados Unidos, donde pueden pedir asilo si prueban que están huyendo de la amenaza de violencia en sus países.