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Vie, Abr

Assange, condenado un año en Reino Unido antes de rendir cuentas en EE.UU.

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Fue detenido ayer en la Embajada de Ecuador en Londres tras serle retirado el asilo y la ciudadanía por parte del Gobierno de Lenín Moreno

(ABC) Eran las 10 de la mañana de ayer, hora británica, cuando, seis años y diez meses después de haber entrado por la puerta de la Embajada de Ecuador en Londres, en la que llevaba recluido desde el 19 de junio de 2012, Julian Assange volvía a traspasar su umbral, pero en esta ocasión para salir. La situación del fundador de WikiLeaks llevaba tiempo siendo insostenible en la legación ecuatoriana, pero la salida no la hizo por voluntad propia. Fueron siete policías británicos los que le sacaron en volandas después de que el Gobierno de Lenín Moreno pactara con su homólogo británico la retirada de la inmunidad diplomática y el asilo que le había concedido.

Muy desmejorado, con una barba blanca de meses y portando un libro del periodista Gore Vidal, Assange, de 47 años, era detenido por Scotland Yard (al que el Ejecutivo de Ecuador permitió entrar en la legación), metido en una furgoneta y trasladado a una comisaría londinense antes de ser puesto a disposición judicial.

Unas horas después, el activista y hacker australiano se ponía delante del juez para afrontar las dos causas por las cuales había sido arrestado. La primera de ellas, por haber infringido los términos de su libertad condicional, en 2012, cuando se refugió en la Embajada ecuatoriana huyendo de una orden de extradición por parte de Suecia, que le reclamaba por dos presuntos delitos sexuales (que fueron desestimados, pero que ahora podrían ser reabiertos). En una vista que duró menos de media hora, Assange fue declarado culpable y se enfrentará a una pena de 12 meses de prisión en Reino Unido. Su sentencia será refrendada el próximo 2 de mayo.

La segunda causa era la que más temía el fundador de WikiLeaks y por la que se recluyó en la legación ecuatoriana: la petición de extradición de Estados Unidos, que le ha sido comunicada en comisaria, poco después de su arresto, por haber divulgado en 2010 más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak. El juez, que ayer le llamó en diversas ocasiones «narcisista sin remedio», dictaba que el Gobierno norteamericano tiene hasta el 12 de junio para presentar la documentación necesaria para ser valorada. Sin embargo, este proceso podría ir para largo. Según varios medios británicos, citando fuentes gubernamentales, el proceso se podría alargar en el tiempo al menos 2 o 3 años por lo complicado de la situación y por la radical negativa de Assange a que se produzca esa extradición.

Para su abogada, si esta finalmente se produce, sentará «un peligro precedente para los periodistas» ya que estos no podrán «publicar información veraz sobre Estados Unido nunca más sin riesgo a ser encerrados», declaró desde los juzgados de Westminster, donde tuvo lugar esta vista.

Lo que está claro es que en este proceso no tendrá ayuda alguna por parte del Gobierno británico, que siempre se ha mostrado inflexible con la situación del australiano. Ayer la propia Theresa May se congratulaba por la detención del activista y aseguraba que «nadie está por encima de la ley». La primera ministra agradecía, al igual que lo hacía el ministro del Interior, Sajid Javid, a Scotland Yard la «profesionalidad» con la que ha tratado la situación y al Ejecutivo ecuatoriano por su intermediación.

Presencia insostenible

Al otro lado de Atlántico, los ecuatorianos se despertaban ayer con la noticia del arresto de Assange. El propio presidente Lenín Moreno lo había anunciado en su cuenta de Twitter una hora después de la detención con un vídeo: «Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia».

El mandatario ecuatoriano explica en la grabación que la presencia de Assange se había vuelto insostenible, porque incumplió todos los protocolos, en especial al intervenir en la política interna de otros países. Revela, además, que en enero publicó documentos de El Vaticano después de haber recibido la visita de personas de ese Estado. A su vez, Moreno asegura que Assange sigue vinculado con WikiLeaks y que la «paciencia del Ecuador se terminó». Y garantiza que ha obtenido, por escrito, el compromiso de Gran Bretaña de que Assange no será entregado a ningún país en el que pueda recibir tortura o haya riesgo de pena de muerte. Esto ante la inquietud, confirmada ayer, de que EE.UU. pedirá su extradición.

Las reacciones en Ecuador se desataron tras conocerse la noticia de la detención. Las emisoras de radio tuvieron que alterar sus programas para hablar del retiro de asilo. En las redes hubo euforia en muchos sectores, mientras que los cercanos al exmandatario Rafael Correa, quien le otorgó asilo a Assange en 2012, repudiaron la decisión.

«Hay que felicitar al Gobierno de Moreno por la decisión; vendrán reclamos y demandas, pero para los intereses del país está bien», dijo Marcelo Fernández de Córdoba, reconocido diplomático, exvicecanciller de Ecuador, al tiempo de recordar la injerencia del fundador de WikiLeaks en la campaña de EE.UU., en tema del secesionismo en España, lo que le volvió un huésped incómodo para Ecuador, durante los seis años y diez meses que permaneció en la legación ecuatoriana en Londres.

El exembajador en Londres y analista Mauricio Gándara critica también la complicidad entre varios exfuncionarios para entregar la ciudadanía ecuatoriana a Assange, en diciembre de 2017, violentando todos los procedimientos. El objetivo era darle una función diplomática, creyendo que Gran Bretaña lo aceptaría como funcionario diplomático.