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Vie, Ago

BAJO FUEGO / La Concepción

Opinión
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Por: José Antonio Rivera Rosales          El Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) es, por definición, un grupo de autodefensa popular armada.

 En sus inicios, allá por 1993, comenzó como un proyecto indígena de prestación de seguridad a los pueblos de San Luis Acatlán y Malinaltepec. Fue por eso que originalmente se autodenominó Consejo Regional de Autoridades Indígenas (CRAI).

 El proceso de consulta con las comunidades dilató dos años, hasta que finalmente se constituyó en septiembre de 1995. Su éxito para abatir la inseguridad galopante en esa región, hasta en un 90 por ciento, determinó que otras comunidades no indígenas -pueblos mestizos y pueblos negros- decidieran integrarse a la organización para adoptar esa forma de seguridad ciudadana, un factor que la emparenta con su sucedánea la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG).  

 Así pues, ni la CRAC-PC es un movimiento social absolutamente indígena, ni la UPOEG es una formación exclusivamente mestiza. Hay de todo en ambas expresiones sociales. Lo que las iguala es que ambas formaciones tienen raíces indubitablemente populares, y como tal deben ser tratadas.

 En el proceso de integración, la CRAI pasó a ser CRAC, es decir, de ser un órgano social netamente indígena, pasó a integrarse como un consejo de autoridades comunitarias. Pero ahí se quedó, en aportar seguridad, sin ir más allá. 

 Esa es la diferencia con la UPOEG, organización que además de garantizar seguridad a las familias, busca también explorar espacios para abandonar la pobreza.

 Para el efecto, la UPOEG trabaja en las enormes posibilidades que le permitirían construir el llamado Cuarto Orden de Gobierno, es decir, los gobiernos comunitarios que, en su faceta más elemental, abrirían espacios legales para la intervención las comunidades en la construcción de su propio destino. En esa fase de encuentra ahora la UPOEG.

 Las diferencias que surgieron originalmente en 2010 en la CRAC, que motivaron la salida de los dirigentes fundadores Bruno y Plácido Valerio, se ven matizadas ahora por una especie de competencia entre ambas organizaciones. 

 La CRAC reclama para sí los beneficios de la Ley 701, pero lo cierto es que la legitimidad en la integración de sus órganos internos igual las cumple la UPOEG. Un ejemplo: para integrar un cuerpo de Policía Comunitaria (que en la UPOEG fue bautizada como Sistema de Seguridad y Justicia), los aspirantes deben ser propuestos por la comunidad y contar con la aprobación del 80 por ciento de sus habitantes.

 Ciertamente es un requisito fundamental que nunca cumplió Marco Antonio Suástegui en los 43 anexos o poblados que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, quien de manera arbitraria integró una supuesta Policía Comunitaria que, con el tiempo, concitó el aval de la CRAC.

 Al carecer del respaldo mayoritario de las comunidades rurales de ese sector, la supuesta comunitaria de Marco Antonio Suástegui se convirtió en una estructura despótica que sometió a los habitantes a abusos y vejaciones, como lo han denunciado en reiteradas ocasiones los propios pobladores.

 La historia se remite a los 14 años de resistencia popular contra el proyecto hidroeléctrico de La Parota, que terminó dividiendo a los habitantes. Habrá que aclarar que, como todos los megaproyectos promovidos desde el gobierno federal, La Parota era un negocio multimillonario que sólo buscaba el lucro, jamás el beneficio social. 

 Desde aquella fecha se generaron discrepancias entre los pobladores, a favor y en contra de La Parota, que terminaron convirtiéndose en enconos y rencillas irreconciliables.

 Hasta donde se ha observado, parecía haber un rechazo mayoritario a La Parota, pero el caso es que, quienes discreparon con esa postura, fueron tratados como enemigos en sus propias tierras. Son muchos los abusos que se imputan a la comunitaria de Suástegui, razón por la que decimos que su grupo se convirtió en una estructura despótica, muy diferente a la conducta de consenso que se practica en la CRAC.

 El comisario de La Concepción, Florentino Melchor, lo dijo muy claro: “A ellos nadie los nombró, ellos se autonombraron policías comunitarios”.

 El caso es que, según diferentes testimonios, nunca hubo una emboscada de un grupo armado contra los comunitarios de Suástegui, como él lo hizo creer y, para colmo, sólo uno de los masacrados el 7 de enero portaba un arma corta. 

La situación es más que clara: los comunitarios de Marco Antonio Suástegui masacraron a las personas que estaban en la comisaría municipal, después de que dos de sus elementos fueron asesinados en un incidente confuso y tortuoso, arrojando como saldo un total de 8 muertos. La Fiscalía General del Estado está obligada a esclarecer qué fue lo que pasó en el primer enfrentamiento de esa madrugada aciaga, como está obligada a aclarar lo que pasó en el tiroteo de las 11 de la mañana de ese mismo día, cuando tres de los hombres de Suástegui fueron asesinados. En uno y otro caso ocurridos ese día la FGE debe llevar a los responsables a prisión, más si se confirma que hubo ejecuciones extrajudiciales.

También deben ser sancionados los policías que agredieron al fotoperiodista Bernandino Hernández, quien fue atacado por estar cumpliendo con su misión de recabar información, lo que constituye un grave atentado contra el derecho a la información.

 Por su parte, la CRAC debe admitir que se equivocó al convalidar una supuesta policía comunitaria que se dedicó a depredar a su propio pueblo. Hacer esto la dignificaría. Si los dirigentes de la CRAC se equivocaron, están a tiempo de rectificar.

Allá ellos.