Por: José Antonio Rivera Rosales / Los partidos que integran el Frente Ciudadano por México comenzaron a construir una ruta sorprendente para competir con éxito en la contienda presidencial de 2018. Aunque la especie se atribuye al triunvirato que integra el Frente Ciudadano por México, lo más probable es que esta construcción política provenga de un sector intelectual no necesariamente orgánico, más cercano al Partido de la Revolución Democrática que a cualquiera de los otros dos entes políticos que componen esa coalición electoral.
¿Por qué decimos que se trata de una ruta sorprendente?
Pues porque propone un modelo político-económico muy distante del que impera en el
país en estos momentos, que además incluye la posibilidad de llevar a juicio al presidente
si se le comprueban actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
Construida por un grupo de intelectuales, la plataforma del frente -que será registrada
en enero próximo ante el Instituto Nacional Electoral (INE)- prevé la construcción de una
tercera vía para desmarcarse del modelo neoliberal, aunque sin capitular del todo.
Por ejemplo, propone la implantación de un modelo económico inspirado en los
principios de la economía social de mercado, orientada al crecimiento económico con
equidad e inclusión social.
¿Esto es posible?
Sí, lo es, a condición de que se construya también todo un entramado legal que permita
sostenerla inclusive en consonancia con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), que los
tecnócratas persisten en imponer a los mexicanos a sabiendas de que está causando un
daño económico al país, que en algunos años más podría ser irreversible.
Si este modelo de plataforma política se registra en enero con la aprobación de los
partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), entonces estaremos ante
una propuesta inédita por su carácter transformador que, sin ser revolucionaria,
permitiría la inclusión de amplios sectores de la sociedad a los beneficios integrales de la
economía de mercado. Nada más.
El problema aquí son los propios partidos proponentes, portadores de una fama de
corruptos, sucios y voraces que les ha atraído la malquerencia de todos o casi todos los
mexicanos.
Pero si hacemos a un lado esta condición, que no es cosa menor, entonces estaríamos
listos para establecer un nuevo modelo político-económico de país que tomaría en cuenta
más los intereses mayoritarios que los intereses de facción o de partido.
De acuerdo con los datos que han podido trascender, el objetivo del proyecto de
plataforma política prevé el establecimiento de una política de estado cuyo eje transversal
sería el combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación mediante un modelo de
economía social de mercado que se caracterice por su inclusión social.
Aunque no detalla el cómo, el proyecto prevé la construcción de una economía de corte
social que, en teoría, fortalecería el mercado interno para generar condiciones de una
distribución más equitativa de la riqueza.
Es decir, combatir no sólo la pobreza en abstracto, sino abatir la desigualdad -que es el
principal problema económico de los mexicanos- mediante instrumentos como un salario
mínimo decente y suficiente, así como la igualdad salarial entre hombres y mujeres, con el
fin de generar condiciones suficientes para dotar de una renta básica universal para la
ciudadanía mexicana.
Para alcanzar este propósito, el frente propone la integración de un gabinete federal
sancionado por el Congreso, consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción y construir un
nuevo sistema fiscal que promueva verdaderamente el desarrollo, estimule el ahorro
interno así como permita la distribución de la riqueza en forma más equitativa.
Este último principio, la distribución de la riqueza en forma equitativa, es lo que en los
hechos caracterizaría una sociedad más equilibrada en todos sentidos, condición que
constituye el principio básico de la igualdad, germen de cualquiera de las revoluciones
conocidas en los últimos 150 años.
De manera adicional, la plataforma propone eliminar el fuero constitucional para todos
los servidores públicos de todo el país, dotar de autonomía a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), así como de un marco garantista a la Fiscalía General de la Nación, que
de esta manera actuará con plena autonomía contra los transgresores de la ley, así sean
personaje conspicuos del estado mexicano.
A ello habrá que agregar la instauración de un modelo de democracia participativa que
incluya entre sus beneficios la rendición de cuentas, el plebiscito, el referéndum y la
revocación de mandato.
Se ignora si estos preceptos quedarían incluidos en la Constitución de la República, pero
si esto no es la instauración de un régimen garantista, mucho se le parece. Estamos, más
bien, ante la instauración de un modelo de gobierno parlamentario que, por sí mismo,
terminaría con lo que queda del gobierno presidencialista-centralista que ha caracterizado
al sistema político mexicano.
Si estas características fundamentales quedan inscritas como van ante el INE, sin duda
alguna que quien resulte ser el candidato a la presidencia de la República por el Frente
Ciudadano, tendrá una amplia aprobación de las mayorías populares que están dispuestas
a expresar su ira contra los abusos y la corruptelas que ejercen los personeros del poder y,
peor aún, los junior que vía redes muestran al mundo su poder, su dinero y su cinismo.
Aunque parecieran muy distante de los hechos, esa propuesta constituye una
plataforma bien pensada que, sin comprometerse a derogar el TLCAN, ofrece una
perspectiva viable para todos los mexicanos, hartos del modelo que cada día nos sepulta
bajo una pesada lápida de corrupción y pobreza.
De concretarse en el registro oficial ante el INE, una plataforma política como esa dejaría
en el camino las propuestas carentes de sustento de Andrés Manuel López Obrador. Ya
veremos.