Como si nada hubiera pasado, en días pasados Lázaro Mazón Alonso se presentó a registro ante la dirigencia de su partido para postularse como candidato a una diputación local.
Mazón Alonso debe considerar muy estúpidos a los guerrerenses para, con todo el cinismo del mundo, pretender convertirse en diputado después de que fue quien abrió las puertas del Partido de la Revolución Democrática a José Luis Abarca, el criminal que ordenó los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una herida profunda en esta sociedad del sur que, júrenlo, jamás cerrará.
Lo que llama la atención es que nadie en la cúpula del PRD se atrevió a cuestionar la decisión de Mazón para competir por una diputación, en el entendido de que el mismo instituto político se vio gravemente afectado por aquella atrocidad que, hasta el momento, sigue sin ser esclarecida.
Aquí debe anotarse que Mazón Alonso introdujo a Abarca en las lides partidistas e inclusive lo presentó con su amigo personalísimo, Andrés Manuel López Obrador, quien lo cobijó alegremente durante el tiempo que les duró la fiesta, hasta que ambos guardaron silencio cuando se descubrió que Abarca operó la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
Más tarde se descubrió que Abarca era nada menos que un activo de la delincuencia organizada, en particular del extinto capo Arturo Beltrán Leyva, a quien le lavaba activos por millones de dólares. Después del atentado contra los jóvenes normalistas, Mazón renunció a la Secretaría de Salud del estado, de la que era titular, seguramente urgido por su jefe el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Desde aquel ominoso septiembre de 2014, cuando ocurrió el brutal atentado contra los estudiantes, Mazón Alonso reapareció sonriente hace unos días para reclamar una diputación al Congreso local, cuando en lugar de una curul debiera estar en prisión. No tiene vergüenza.
Tampoco es menos ominosa la actitud de otros próceres de la izquierda como Bernardo Ortega Jiménez y de Mario Alberto Chávez Carvajal, quienes hicieron exactamente lo mismo: registrarse ante la dirigencia del PRD para acceder a otros cargos de elección popular.
Ortega Jiménez, quien ya fue diputado local, igual se registró para una nueva diputación que, con toda seguridad, espera alcanzar con base en su influencia política en la región centro, donde prevalece la sombra nefasta de sus hermanos Celso y Antonio, herederos del grupo delincuencial fundado por su progenitor, es decir, la banda criminal conocida como Los Ardillos.
Es un secreto a voces que la familia Ortega es la dueña de vidas y haciendas en la región centro del estado de Guerrero, donde han mantenido a sangre y fuego un imperio criminal asediado por sus contrarios Los Rojos, que durante años han intentado apropiarse de esa lucrativa ruta de estupefacientes.
A esta intentona de mantenerse en el poder público se suma también Mario Alberto Chávez Carvajal, alcalde de Tlacotepec de 2012 a 2015, de quien los habitantes de aquel municipio ubicado en la parte alta de la Sierra Madre del Sur vinculan con los grupos delincuenciales de la región, una de las zonas de mayor producción de amapola.
Ahora Chávez Carvajal pretende convertirse en alcalde Zumpango del Río, donde tiene su residencia desde hace tiempo.
Llama la atención que Chávez Carvajal ha hecho presencia en eventos encabezados por Beatriz Mojica Morga, la principal aspirante a una senaduría por el PRD, quien desbancó en el liderazgo político al alcalde Evodio Velázquez Aguirre, fundador de la corriente perredista Nueva Mayoría. ¿Acaso Beatriz Mojica ignora las vinculaciones de Chávez Carvajal?
Otro caso que llama la atención es el de Olaguer Hernández Flores, quien igual presentó su registro para una nueva diputación local.
Como diputado orgullosamente priista, Hernández Flores fue secuestrado en mayo de 2014 por hombres armados que se lo llevaron con rumbo desconocido. Al tratarse de un diputado del Congreso local, los mandos se seguridad reaccionaron de inmediato para buscar al legislador secuestrado, el cual apareció días después sano y salvo.
Pero lo que nadie sabía entonces es que el caso del diputado no era un secuestro, era un cobro. Resulta que, para financiar su campaña política, Hernández Flores solicitó y obtuvo un préstamo nada menos que del grupo delincuencial Los Rojos que, con el paso del tiempo, comenzaron a pedirle el reembolso del dinero.
Olaguer puso oídos sordos al reclamo de los delincuentes, hasta que éstos se enfadaron y le mandaron a cobrar mediante un grupo de sicarios. Claro que el diputado, después de unos rasguños y caricias recibidas de los bandidos, accedió de buen modo a pagar lo que debía.
Estas son semblanzas de algunos de los próceres partidistas que encarnan la colusión habida entre política y crimen organizado, vínculo negado hasta el hartazgo por las dirigencias formales de los partidos políticos. Claro que hay otros casos como éstos. La pregunta es: ¿La comunidad guerrerense votará por ellos, otra vez?