Quienes deben garantizar la seguridad los responsables de levantones en Acapulco
Acapulco, Gro. 05 de diciembre de 2021.-El caso de Jonathan Guadalupe Romero Gil, a tres años de su desaparición se suma a la lista de casos que han quedado en la impunidad en Guerrero.
A tres años de la desaparición forzada de Romero Gil, quien fue levantado por Policías Municipales de Acapulco aquella tarde del 05 de diciembre de 2018, familiares y amigos claman justicia y piden a la Fiscalía General del Estado (FGE) su aparición con vida.
En la Costera frente a la Playa Tlacopanocha de este puerto, punto en el que fue desaparecido el estudiante de derecho egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) junto a su compañero Carlos N' realizaron esta mañana una manifestación y bloqueo intermitente para exigir a las autoridades avances en las carpetas de investigación de este y otros casos.
"Nosotros los padres, madres y hermanos escarbamos la tierra por que sabemos que de esa manera encontramos a nuestros hijos desaparecidos" exclamó la madre de Jonathan en entrevista para medios de comunicación.
Para Socorro Gil, integrante de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, la justicia en Guerrero no existe, pero sí la impunidad; advirtió que son las propias autoridades responsables de la impartición de justicia las que se dedican a borrar evidencias que involucran a quienes deberían garantizar la seguridad de los ciudadanos en la entidad, lo cual lo consideró como algo muy grave.
En este contexto de impunidad, Socorro se ha visto amenazada por quienes se hacen pasar por policías municipales, ha sido extorsionada e incluso ha tenido que salir del estado ante el riesgo de ser levantada junto a su hija.
Este escenario involucra no solamente a elementos de los diferentes cuerpos de seguridad, sino a los Fiscales regionales e incluso al estatal quienes bajo el argumento de que los involucrados son sus amigos se reservan el derecho de actuar en contra de ellos y llamarlos a comparecer; asimismo, el cinismo con el que cancelan audiencias de los elementos que deberían responder a los señalamientos con evidencias de su participación en actos de desaparición forzada, deja ver que hay una complicidad porque son juez y parte.
Aunado al dolor de los familiares, también por parte de los tres niveles de gobierno existe un nulo interés de realizar búsquedas específicas y con los protocolos que por ley se estipula. En medio de todo esto existen estadísticas de al menos 95 mil personas desaparecidas en el país y en Guerrero no es la excepción. Acapulco tiene altos índices de desaparición forzada y asesinatos de jóvenes como Jonathan que no necesariamente tienen vínculos con la delincuencia.