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Sáb, Dic

La UPOEG y las detenciones arbitrarias; celdas convertidas en lugar de tortura denuncian

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A detenidos los tienen como si fueran perros, amarrados con cadenas y candado. A pesar de que hay una suspensión vía amparo indirecto, la UPOEG desacata la orden de un juez de distrito, no los van a liberar y si intentan hacerlo advierte que se van defender con las armas

 

Ayutla Gro., 28 de junio del 2020 (Noticias Acapulco al denudo.com) La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero(UPOEG) se ha convertido en el principal verdugo de los indígenas a quienes detienen de manera arbitraria y los privan de su libertad para llevarlos a celdas donde los amarran como si fueran perros, con cadenas y candidato.

Marco Antonio Flores Melo, subió este domingo 28 de junio en su cuenta de Facebook, una denuncia pública, donde narra cómo en fecha de 15 de marzo del 2020, la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de los libres, en contubernio de varias personas, en la localidad del Velero, apoyados con la UPOEG, detuvieron a Rodolfo Soto Dircio, Ignacio soto Dircio y Eleuterio Soto Guadalupe de manera ilegal y los llevaron a una celda donde asegura la familia que los torturan.

Entre los detenidos de la UPOEG, está un hombre de 70 años de edad a quienes acusan de homicidio. En la denuncia se menciona a Carlos Betancourt Cruz, quien funge como titular de la Agencia del Ministerio Público en Ayutla, a quien lo acusan de pre variación  y corrupción. Según la familia de los detenidos este funcionario de la Fiscalía General del Estado(FGE) manipula las carpetas de investigación y trabaja con los Coordinadores de la Casa de los Pueblos en Ayutla de los Libres en Guerrero.

Los quejosos, se refieren a la UPOEG que dirige Bruno Plácido Valerio, como un grupo de civiles armados que extorsionan e intimidan a la gente de pueblos y comunidades.  Según los denunciantes, este grupo le fabrica delitos a la gente para detenerlos y privarlos de su libertad.

La familia de los detenidos, piden al gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, que ya no siga protegiendo al dirigente de la UPOEG y se revise la detención arbitraria de sus familiares sobre todo en la forma en cómo los tienen encerrados con cadenas de acero y candado. 

También hacen un llamado al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, para que visite las cárceles donde los tienen privados de su libertad y en las condiciones infrahumanas en donde los tienen recluidos.

“Primero los detienen con delitos fabricados y después abren la carpeta de investigación para que salga la orden de aprehensión, pero antes ya se violaron sus derechos y garantías”, de los indígenas, acusan.

La familia temen que mientras los están torturando, Eleuterio Sotos Dircio de 70 años de edad, pueda morir en su encierro. Pues dicen que a su edad y con sus enfermedades ya no aguanta los golpes y el hambre en esas prisiones de la muerte que tiene la UPOEG. 

La familia además de la detención arbitrarias de la UPOEG también señalan que han sido saqueadas sus viviendas y pertenencias  por parte de los civiles armados de ese grupo que opera al margen de la ley. Por lo que piden al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, ya no se permita la impartición de justicia en manos de delincuentes disfrazados de policías comunitarios. 

Ante estos hechos, la familia presentó una demanda de amparo indirecto el 25 de marzo ante el Juzgado Octavo  de Distrito, mismo que admitió la demanda y otorgó la suspensión definitiva a favor de los quejosos.

Luego el tribunal vía despacho telegráfico solicitó al juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Allende, para que designará personal de su adscripción a fin de que se notificará la suspensión a los particulares y a las autoridades señaladas como responsables y estos a su vez dieran cumplimiento con dicha determinación y pusieran a los detenidos a disposición del ministerio público, esto en caso de que su detención haya sido durante la comisión de un delito flagrante y en su caso contrario los liberaran de manera inmediata. 

Sin embargo en franco desacato a una orden de un juez, Arturo Gatica Prisciliano, líder de pueblo, dijo al actuario que no acataron esa suspensión y no los pondrían en libertad.  El desacato es tan serio, que incluso dijeron que si intentan liberarlos con la ayuda de la policía, ellos responderán y podría haber un enfrentamiento. Que ni con la ayuda de la Guardia Nacional, Marina o Ejército, pondrían en libertad a los detenidos.