Por: José Antonio Rivera Rosales Desde hace meses la ruta carretera entre Chilpancingo, Tixtla y Chilapa se ha convertido, a no dudarlo, en un corredor de la muerte. La vida de muchos ciudadanos y ciudadanas inocentes que sólo se dedican a trabajar -a estudiar en el caso de los jóvenes- pende de un hilo en este corredor mortal a pesar de la presencia de las diferentes policías e instituciones armadas que patrullan la región. Foto: Alejandrino González
Chilapa, con un dispositivo de más de 600 efectivos que en teoría vigilan la ciudad, sigue siendo una plaza disputada por bandas delincuenciales que, en su brutal contienda, asesinan y mutilan a quien se les atraviese en su camino. Los más de 200 desaparecidos en esa microrregión de la Montaña Baja son un ejemplo indiscutible de la inutilidad de las instituciones de seguridad.
Pero la capital Chilpancingo, sede de los poderes del estado, llegó a extremos inadmisibles en los que un día, y el siguiente también, amanecen personas asesinadas y/o desmembradas como un mensaje de terror de los grupos delincuenciales dirigido a sus contrarios, pero sobre todo a sus verdaderos destinatarios en el gobierno.
Un ejemplo de ese tipo de mensaje es el que circuló en días anteriores como un supuesto “comunicado de la empresa BL”, el cual expresa una amenaza inequívoca contra el gobernador Héctor Astudillo, que no debiera tomarse a la ligera.
Como muchos, saben las siglas “BL” corresponden al grupo delincuencial Beltrán Leyva, disminuido en Guerrero pero con suficientes capacidades para eventualmente lanzar un atentado contra el mismo gobernante o contra alguno de sus funcionarios, particularmente los del área de seguridad que, vale decirlo, duermen con el enemigo.
En pocas palabras, los delincuentes recriminan al mandatario haber recibido dinero y apoyo de ese grupo delincuencial para su campaña, pero haberlos traicionado ya estando en el gobierno. El mensaje deja en claro que el grupo criminal denominado “Los Jefes”, uno de los principales responsables de la violencia en Chilpancingo-Tixtla-Chilapa, es aliado del clan Beltrán Leyva.
Lo que ese texto rústico y con faltas ortográficas describe a continuación corresponde con las condiciones actuales en que se desarrolla la pugna de las bandas criminales de la región centro del estado, lo que explicaría el repunte de la sanguinaria oleada de violencia que desde enero azota a los habitantes de la capital.
En particular, los bandidos le recriminan al gobernador: “Ahí está tu orden y paz que le prometiste a Guerrero, sólo muerte y desolación, esta es la guerra que tú empezaste, perro”.
Acto seguido, viene la amenaza, que se reproduce textualmente: “Nos volteaste bandera puto, ahora aguanta la verga porque vamos a cobrarnos, la lista es grande entre tus funcionarios de seguridad y tu gabinete, puto rata”.
Y finalmente rubrica: “Ya mamaron putos, ahora va la nuestra. Los Jefes”.
Esa amenaza del crimen organizado contra el gobierno de Héctor Astudillo parece dejar en claro que la confrontación violenta entre “la empresa BL” y su antagonista en el puerto de Acapulco, el autollamado Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), se trasladó con toda su crudeza a la capital Chilpancingo, así como a Tixtla y Chilapa.
Aunque en el puerto de Acapulco se siguen sucediendo los asesinatos en mayor número que en otras ciudades guerrerenses, es claro que la incidencia en relación con el número de habitantes convierten a Chilpancingo en una población asolada por la violencia.
Datos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de la capital del estado, citados por la prensa local, arroja un total de 464 homicidios en lo que va del año, lo que constituye un panorama aterrador en proporción con los 187 mil habitantes con que cuenta Chilpancingo.
La cifra de asesinatos en el puerto de Acapulco es al menos el doble, pero en proporción el puerto cuenta con una población de no menos de 850 mil habitantes. No hay punto de comparación.
Así que, por donde se le quiera ver, la violencia que atenaza a los capitalinos es un verdadero apocalipsis de sangre que, para colmo, se topa con la pachorra (¿o complicidad?) de los policías municipales y el desdén de su alcalde Marco Antonio Leyva, cuya arrogancia linda con la estupidez.
A ello habrá que agregarle la conducta cuasi criminal de los policías de las diferentes corporaciones del estado que parecen no enterarse de la gravedad de la situación que amenaza a los habitantes de la capital.
Tres ejemplos de lo que pasa en la capital del estado ilustran el grado de descomposición que priva entre las corporaciones de seguridad, que parecen arroparse para sobrevivir sin importar el daño colateral que la violencia causa entre la ciudadanía.
Ataques consecutivos perpetrados en el mercado Baltazar Leyva Mancilla, con varias víctimas mortales, no fueron suficientes para montar un dispositivo especial de protección de vendedores y transeúntes de esa central de abasto. La matanza sólo sirvió para que el alcalde lanzara acusaciones contra los locatarios, de quienes dijo que estaban metidos en negocios ilícitos.
El atentado mortal contra Darwin Raymundo Barrientos Miranda, joven estudiante de la Escuela Superior de Artes de la Universidad Autónoma de Guerrero, sólo sirvió para exhibir la estulticia moral de los policías que, en lugar de prestarle auxilio al muchacho agonizante, se dedicaron a interrogarlo a pesar de que el joven pedía auxilio. Nunca hicieron el menor esfuerzo por llevarlo a un hospital.
En el más reciente tiroteo en Tixtla, policías estatales ultimaron al abogado Eduardo Catarino Dircio, a quien aparentemente confundieron con un delincuente. De manera cobarde, los uniformados le sembraron un fusil AK-47 para simular que el fallecido -que además es representante local del partido de López Obrador- había participado en la escaramuza armada contra los uniformados.
Esta es la locura violenta en la que subsisten miles de familias capitalinas que desahogan sus actividades habituales inmersas en un clima de terror. Y parece no haber salida a esta vorágine asesina en un plazo cercano. Que Dios los ampare.