La Policía ha intentado disolver la concentración con chorros de agua a presión y ha realizado varias detenciones, pero la multitud sigue ocupando la Plaza de París y el entorno de la Puerta de Brandemburgo
(ABC) .- En el interior del Bundestag, sede del Parlamento alemán, se lleva a cabo a esta hora un tenso debate, interrumpido por protestas y abucheos, sobre una reforma de la Ley de Protección contra las infecciones, con la que la gran coalición pretende trasladar potestades al Gobierno, desde el legislativo, que permitan abordar mayores restricciones, hasta ahora vedadas por los tribunales. Pero en el exterior del edificio, la tensión es todavía mayor. Miles de manifestantes rodean el edificio, sin guardar distancia de seguridad alguna y la mayoría sin llevar tampoco mascarilla.
La Policía ha intentado disolver la concentración con chorros de agua a presión y ha realizado varias detenciones, pero la multitud sigue ocupando la Plaza de París y el entorno de la Puerta de Brandemburgo, hasta un escueto cordón policial, en comparación con el número de manifestantes, que protege la escalinata de acceso al Bundestag.
A primera hora de la mañana, la policía alemana advertía ya a los diputados frente a posibles ataques de grupos contrarios a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, colectivos infiltrados a menudo por la ultraderecha y que habían convocado protestas a través de las redes sociales.
El Bundestag avisó en un comunicado interno que «radicales políticos y en parte círculos dispuestos a la violencia» participarán en protestas cerca del Parlamento. Según el escrito, no se pueden descartar «ataques» contra edificios institucionales del distrito gubernamental.
El Ministerio del Interior se había negado a autorizar una docena de peticiones de manifestación junto al Bundestag y el Bundesrat, la cámara alta del Parlamento alemán, y los convocantes habían interpuesto recursos ante la Justicia. Otras manifestaciones, fuera del distrito gubernamental, sí habían sido autorizadas. «La autorización sólo es otorgada si no hay razones para temer que sean obstaculizadas las actividades del Bundestag o el libre acceso a sus edificios. (...) Y estas condiciones no se cumplen», informa el ministerio. El Gobierno justifica en particular esta prohibición por «una llamada a bloquear los accesos al Bundestag y al Bundesrat» que la policía detectó circulando en las redes sociales.
La reforma que está siendo debatida en el Parlamento y contra la que protestan los manifestantes, contempla que, para que los hospitales puedan concentrarse en los pacientes con diagnóstico de coronavirus, cancelen tratamientos y operaciones menos urgentes y reciban una compensación por los ingresos que pierdan a causa de esas cancelaciones. Estas compensaciones surgen de las recomendaciones de un consejo asesor creado por el Ministerio Federal de Salud «sobre las medidas necesarias para fortalecer los hospitales en el contexto de la pandemia». El monto de la indemnización, dependiendo del tamaño de la clínica, será de entre 360 y 760 euros por cama y día.
Los nuevos pagos de compensación se aplicarán inicialmente hasta finales de enero de 2021, pero pueden, si es necesario, ampliarse por orden legal hasta finales de marzo de 2022. Otra novedad es que en adelante serán los Bundesländer los que seleccionarán los hospitales a los que se destinarán las ayudas. Si menos del 20% de las camas de cuidados intensivos en esta región están «operativas», es decir, vacías, o si no hay suficiente personal disponible para este propósito, entonces los Bundesländer pueden seleccionar hospitales con niveles de emergencia 2 y 3 para que reciban las ayudas. Estas categorías se basan en el personal y el equipo técnico, siendo el nivel 2 una «atención de emergencia extendida» y el nivel 3 una «atención integral de emergencia».
La reforma legal contiene además un apartado que está resultando especialmente controvertido y con el que la gran coalición trata de acabar con los traspiés judiciales que están encontrando numerosas restricciones, debido a que suponen injerencias en derechos constitucionales. La ciudad de Düsseldorf, por ejemplo, se ha visto obligada a levantar la obligación de llevar mascarilla en la calle debido a una sentencia del tribunal administrativo. Todos estos inconvenientes, según la apreciación de la gran coalición, quedarían eliminados con la reforma de la Ley de Protección contra Infecciones (IfSG), a la que responden, en última instancia, todas las regulaciones de protección contra el coronavirus de los estados federales y municipio y que, una vez reformada, concederá más prerrogativas al gobierno federal.
El expresidente del Tribunal Constitucional Federal, Hans-Jürgen Papier, ha advertido que el proyecto de la gran coalición «delega completamente en el gobierno, en lugar de dejarlo en el Parlamento, el ejercicio del equilibrio entre la salud y la libertad». También han surgido críticas por parte de algunos expertos constitucionalistas y de la oposición. El vicepresidente del Partido Liberal (FDP), Wolfgang Kubicki, rechaza «sacar del parlamento ese tipo de decisiones porque, después de todo, se trata de las restricciones más masivas a los derechos fundamentales desde la existencia de la República Federal».