El deshielo de relaciones con EE.UU. iniciado por la Administración Obama, y que ahora quiere recuperar Biden, no supuso ninguna mejora en la isla. En los últimos cinco años, se ha duplicado el número de presos políticos
(ABC) .-En Cuba, el deshielo entre EE.UU. y la isla iniciado en 2015 se recibió de muy diferentes maneras, que iban del rechazo a la esperanza, pasando por la cautela, pero el desenlace fue el mismo: un gran desencanto y el aumento de la represión. Quince meses después de anunciarse el restablecimiento de relaciones, «el Gobierno castrista no había dado todos los pasos recíprocos que ellos esperaban y que la represión interna había aumentado», reconocía el disidente Guillermo Fariñas, tras conocerse la intención de Biden de retomar las políticas de Obama respecto a la isla. En lugar de mejorar la situación de los cubanos, «se empeñaron en hacerlo peor que nunca y se burlaron abiertamente de la mano que le tendía la Administración Obama», aseveraba también el opositor José Daniel Ferrer. Ambos disidentes compartieron mesa en marzo de 2016, cuando el expresidente demócrata hizo una visita histórica a La Habana.
Las cifras de los últimos años avalan estas declaraciones: tras la liberación de 53 presos políticos en enero de 2015, como parte de las negociaciones con EE.UU., quedaron en prisión 61 opositores; un año después, la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional situaba el número de encarcelados por disentir del régimen en 89 personas. En 2018, la cifra había aumentado a 120, según el mismo organismo independiente, mientras que en octubre de 2020, la ONG Prisoners Defenders la incrementaba a los 138 presos políticos.
«Durante la política de “deshielo” de las relaciones con Cuba que propuso el Presidente Obama, hubo algunos avances, tales como la liberación de presos políticos, pero a su vez altibajos en las cifras de detenciones arbitrarias», explica a ABC Juan Pappier, investigador sénior de Human Rights Watch (HRW).
«La maquinaria de represión y censura establecida por Fidel y Raúl Castro en Cuba continúa completamente vigente», afirma Juan Pappier, investigador sénior de HRW
Estas últimas se producen a miles cada año. «Lo cierto es que las cifras de la represión en Cuba, en particular detenciones arbitrarias por períodos breves, oscilan principalmente en función de la iniciativas de los disidentes para organizar manifestaciones o expresarse públicamente en contra del régimen. Hasta ahora, la maquinaria de represión y censura establecida por Fidel y Raúl Castro en Cuba continúa completamente vigente. El Gobierno sigue reprimiendo prácticamente todas las formas de disenso a través de un amplio menú de practicas abusivas que incluyen las detenciones arbitrarias, los actos de desprestigio, la censura, la vigilancia y el acoso».
Por su parte, Prisoners Defenders ha recabado datos de «cómo cada mes cuatro nuevos convictos de conciencia entran en las cárceles de Cuba. Más de 250 opositores inocentes han entrado en prisión desde que la lista contará sólo con apenas 50 nombres, tras la liberación de 53 de ellos negociada por Barak Obama. Igualmente, cada año en curso más de 10.000 personas son condenadas con penas de 1 a 4 años como consecuencia de desafección socialista por medio de condenas pre-delictivas, es decir, sin que se hayan cometido delitos por “observarse una conducta en contradicción con la moral socialista”».
Nuevas leyes para reprimir
En los últimos años el régimen ha alumbrado nuevas normas legislativas para reprimir los derechos fundamentales de los cubanos. «Así entre los cambios legislativos más negativos en Cuba en los últimos años se encuentra el Decreto Ley 349, que criminaliza la expresión artística no tolerada, y que sigue en vigor». Norma que en la actualidad ha provocado la ola represiva contra los artistas, que ha llevado varios miembros del colectivo Movimiento San Isidro, entre ellos el artista Luis Manuel Otero Alcántara, a realizar una huelga de hambre como protesta por la detención del repero Denis Solís, condenado a ocho meses de cárcel «en un juicio sumarísimo por falso desacato», según PD.
Otra norma restrictiva es el Decreto Ley 370, «que criminaliza la libertad de expresión en redes sociales con la posibilidad de multas impagables y, como consecuencia del impago, la cárcel». Este decreto ha sido utilizado de manera masiva por el régimen cubano durante el Covid-19 contra periodistas independientes.
Estas dos normas y las consecuencias que han tenido sobre la población civil de Cuba ha sido ampliamente contestadas por organismos internacionales, como la Unión Europea, Amnistía Internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos o la propia Prisoners Defenderse.
Por otro lado, la Ley 131 de diciembre de 2019, Ley de Organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba también incluye un cambio para que el pueblo exprese su soberanía, que lo convierte en imposible de practicar. «Si bien antes eran tan sólo necesarias 10.000 firmas en la Asamblea Nacional para someter a ésta una propuesta ahora esta Ley indica que, además, cada una de las firmas deberá llevar un certificado de elector completo que es algo que sólo el Estado puede dar al ciudadano, uno por uno, por lo que se hace imposible recopilar firma alguna».
Y la más importante de todas las normas que rigen la vida de los cubanos, la Nueva Constitución, de abril de 2019, «que lejos de aportar nuevos derechos, supedita expresamente a las leyes de grado inferior los mismos derechos que parece conceder, por lo que los deja inamovibles, pero además marca la supra-Constitucionalidad del Partido Comunista como máximo y supremo órgano de poder del Estado de Cuba, y declara como irrevocable el sistema dictatorial actual, por lo que aleja del pueblo toda soberanía sobre su futuro», concluye PD.
Abandonar las sanciones unilaterales
Para ayudar a mejorar la situación de derechos humanos en Cuba, Juan Pappier, investigador sénior de HRW, considera que la administración Biden debería adoptar «una política exterior inteligente que presione multilateralmente por la vigencia de los derechos fundamentales pero a su vez abandone las sanciones unilaterales contra la isla. Hasta ahora, el embargo solo le ha proporcionado al Gobierno cubano una excusa para justificar la falta de acceso a servicios básicos en el país y un pretexto para sus abusos, así como una forma de cosechar, en el exterior, la simpatía de gobiernos que normalmente habrían estado dispuestos a condenar las prácticas represivas del régimen.»