Ruholá Zam, que vivió varios años exiliado en Francia, fue detenido en 2019 en Irak por el servicio de inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución
Un año después de su captura en Irak tras una operación de las fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria, Irán ahorcó al periodista y activista Ruholá Zam. La pena capital se ejecutó cuatro días después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de muerte contra el responsable del canal noticias Amad News, a quien acusaron de alentar y ayudar a expandir las protestas de 2017, que estallaron en todo el país a causa de la grave crisis económica. En junio, la justicia iraní le condenó a la pena máxima por «corrupción en la Tierra», fórmula que se utiliza en la república islámica para casos de espionaje.
Zam, de 47 años, fue capturado en Irak en octubre de 2019, después de una década de exilio en París, donde según la justicia iraní operó bajo las instrucciones y protección de los servicios de inteligencia de Francia, Israel y Estados Unidos. Las circunstancias que rodearon a esta detención no están claras, pero la Guardia Revolucionaria informó en su momento que lo lograron tras una «operación profesional» en la que, gracias al empleo de «métodos modernos y estratagemas innovadoras», lograron «guiar» a Zam de vuelta «al país y detenerlo». El periodista había abandonado la república islámica en 2009, año en el que fue detenido de forma temporal por participar en las protestas que sucedieron a la polémica reelección de Mahmoud Ahmadineyad.
Desde el exilio, Zam trabajó en el canal de Telegram Amad News, un medio que las autoridades iraníes consideraron «web contrarrevolucionaria», y en 2017 le señalaron como responsable de «difundir contenido incriminatorio contra el sistema islámico, insultar a las santidades de los musulmanes iraníes y publicar noticias falsas para abrir una brecha entre el pueblo iraní y su Gobierno».
Protestas económicas
El 28 de diciembre de 2017 estallaron protestas a nivel nacional por la complicada situación económica del país. Al menos 21 personas perdieron la vida en los choques con las fuerzas de seguridad, entre ellas un niño, y hubo más de 450 detenidos en las más de sesenta localidades en las que se registraron incidentes. A diferencia de lo ocurrido en 2009, cuando los iraníes desafiaron al sistema para mostrar su ira por la reelección de Ahmadineyad como presidente, Teherán fue un mero testigo de esta oleada de protestas que se desarrollaron principalmente en las provincias. Con el paso de los días, el factor económico dejó paso a las reivindicaciones políticas contra el régimen islámico.
Desde organismos como Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaron esta ejecución que tildaron de «crimen». El periodista iraní de The Washington Post, Jason Rezaian, escribió en Twitter que «no hay justificación para la pena capital, pero cuando se pretende silenciar una voz disidente y reprimir las voces de millones de personas, es aún más atroz».