El régimen responsabiliza al Covid de haber aprobado en 2020 solo leyes que benefician al Gobierno, pero ninguna relacionada con los derechos de los ciudadanos cubanos
El régimen cubano ha vuelto a confirmar su esencia represora y su clara disposición a no otorgar derechos a sus ciudadanos. Lo ha hecho al incumplir el cronograma legislativo presentado en diciembre de 2019, en el que marcaba la hoja de ruta de las leyes que tenía previsto aprobar este año para implementar la nueva Constitución que entró en vigor en abril de 2019. Un texto que, en principio, suponía avances en el modelo económico, político y social de la isla, pero que en la práctica es papel mojado o letra muerta, como dicen los cubanos.
Dicho cronograma respondía al cumplimiento de las disposiciones transitorias, incluidas en la Constitución, que fijan distintos plazos para la aprobación de las leyes requeridas. Cuando restan apenas cinco días para concluir 2020 es un hecho el incumplimiento del calendario: de las 14 normas previstas, tan solo se han aprobado seis, que afectan al Gobierno; el resto, que tienen relación con los derechos sociales de los cubanos, han sido pospuestas para el próximo año.
El Gobierno cubano ha responsabilizado de este retraso al Covid-19, la gran excusa que le ha servido al régimen a lo largo de 2020 para reprimir la libertad de expresión (a través del Decreto Ley 370) o para el allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro (MSI), cuando varios de sus miembros estaban en huelga de hambre para reclamar la libertad del rapero Denis Solís.
La justificación del régimen
«La imprevista situación sanitaria determinó la necesidad de dar prioridad a aquellas [leyes] que regulan la organización y funcionamiento de las estructuras del Estado y el Gobierno», justificó el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, en el programa Hacemos Cuba en la televisión cubana. Dicha necesidad, subrayó, ha llevado al «corrimiento y desplazamiento de otras leyes», señaló.
Yaxys Cires Dib, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). «La Asamblea Nacional del Poder Popular (órgano legislativo cubano) está conformada y controlada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) que es el único legal. Los más de 600 diputados votan siempre por unanimidad y aprueban todo lo que les ponen delante», detalla. El retraso en la aprobación de leyes que tienen que ver con derechos que afectan a los cubanos refleja, en su opinión, «la falta de compromiso del PCC con las libertades y con la propia Constitución que daba un plazo exacto para aprobar las leyes complementarias».
Entre las leyes pospuestas destaca la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales (que implementa el artículo 99 de la Constitución), que tenía que haber sido aprobada 18 meses después de haber entrado en vigor la Carta Magna, esto es, el pasado mes de octubre, y que según el cronograma aprobado para 2021 está previsto que no lo sea, al menos, hasta el próximo mes de diciembre. Un calendario que también es flexible, según dejó caer el ministro de Justicia:«No es posible que se mantenga sin cambios». Por lo que no descarta que vuelva a haber más retrasos.
Perpetuar la impunidad
La no aprobación de esta ley perpetúa así la impunidad de los abusos y represión del régimen contra las voces disidentes de la isla, ya que le permite seguir enjuiciando opositores y críticos sin respetar los derechos constitucionales como el de libre circulación, el de libertad de expresión, de manifestación o de reunión.
«El problema es que, aunque la Constitución de 2019 recoge varios derechos, su ejercicio está condicionado al desarrollo de leyes complementarias. Es una práctica antigua del régimen para no implementar el ejercicio de determinadas cuestiones que le son incomodas y mantener a la sociedad en el vacío legal», apunta Yaxys Cires, que considera que esto no sería un problema si existiera un sistema judicial independiente «y los jueces pudieran atender demandas teniendo en cuenta directamente la Constitución, pero eso no sucede». Y pone como ejemplo una demanda presentada por la activista y periodista Iliana Hernández, «quien suele ser reprimida por su labor como comunicadora», contra el Ministerio del Interior por vulneración de derechos y que no fue admitida. «Los jueces argumentaron en aquella ocasión que todavía no había sido promulgada la ley que desarrollaba el derecho contemplado en el artículo 99 de la Constitución».
A pesar de la desconfianza de los cubanos hacia el sistema judicial cubano, Cires cree que «el régimen es consciente de que si aprueba esa ley, los tribunales se llenarán de demandas contra funcionarios e instituciones del Estado. En la medida en que se hace más patente el fracaso político, económico y social del sistema, ellos se ponen más agresivos y reprimen más».
«El régimen es consciente de que si aprueba esa ley, los tribunales se llenarán de demandas contra funcionarios e instituciones del Estado», asegura Yaxys Cires del OCDH
Aún está fresco en nuestra memoria el acoso contra los jóvenes del MSI y de la plataforma de artistas 27-N, muchos de cuyos miembros han sido detenidos o no pueden salir en la actualidad de sus domicilios porque están bajo vigilancia policial permanente en una especie de arresto domiciliario. Tanto estos, como el acoso que sufren los emprendedores, así como los abusos policiales contra ciudadanos corrientes, «evidencian un panorama complejo para el PCC», asegura Cires, quien alerta de que existe una posibilidad aun peor que un nuevo retraso en la aprobación de la ley:«Que al final sea restrictiva de esos derechos, lo cual no sería tampoco la primera vez». Esto es, que «pongan tantos tecnicismos y requisitos que limiten o hagan imposible el ejercicio de ese derecho por parte del ciudadano», concluye.