Una polémica norma que dificulta enormemente el trabajo de la prensa rusa y cuyo nombre evoca el término estalinista de «enemigo o traidor al pueblo»
Natalia Gaponenko recibió el pasado 24 de septiembre una citación del órgano fiscalizador ruso, 'Roskomnadzor', para acudir a su sede en Kolomna con el fin de proceder a la cumplimentación del «protocolo de infracción» de la ley de agente extranjero, una polémica norma que dificulta enormemente el trabajo de la prensa rusa y cuyo nombre evoca el término estalinista de «enemigo o traidor al pueblo».
Gaponenko es directora de la publicación digital rusa E-vesti.ru. Su marido, Andrés Landabaso, hijo de «niños de la guerra», hispanista y catedrático, es director científico, copropietario y redactor del medio. La falta cometida por ella fue que en un artículo que firmó el pasado 2 de agosto bajo el título 'Rusia refuerza las conflictivas fronteras con Afganistán' citó la opinión del Centro Carnegie de Moscú, que es filial de la organización estadounidense Carnegie Endowment for International Peace, sin reseñar que tal institución está catalogada por el Ministerio de Justicia ruso como agente extranjero. Tal anotación es obligatoria para cualquier publicación, cada vez que cite a una agente extranjero, si no quiere ser multada o arriesgarse a verse abocada al cierre.
«Fue una verdadera sorpresa recibir la notificación del Roskomnadzor, ya que el contenido de mi artículo es totalmente inocuo en términos de ausencia de crítica a las autoridades rusas», asegura Gopanenko. La primera medida que ella y su esposo adoptaron fue enviar una carta al Roskomnadzor solicitando que establecieran el lugar de la citación en Moscú y no en Kolomna, que se encuentra a 152 kilómetros al sureste de Moscú, con el fin de evitar desplazamientos. Sobre todo por el hecho de que E-vesti.ru está registrado precisamente en la capital rusa.
«No hemos recibido respuesta a nuestra solicitud y todavía no sabemos si tendremos que pagar una multa y en qué cuantía», señala Landabaso. Según sus palabras, «la sanción puede no ser excesivamente dura, pero sí lo sería en el caso de reincidencia y, si se repite por tercera vez, el medio sería conminado a cesar su actividad».
El director de E-vesti.ru, no obstante, admite que en sus artículos ha criticado la política económica del Gobierno ruso, pero, asegura, «desde posicionamientos científicos». Lo cierto es que, a su juicio, «nosotros y nuestra revista estamos siendo objeto de verdadero acoso. No sólo por el requerimiento del Roskomnadzor, también por lo que se refiere a mi labor como intelectual, ya que, pese a mis conocimientos y numerosos libros publicados, he sido marginado por los organizadores del reciente Congreso Internacional de Hispanistas rusos», celebrado hace unos días en los locales del Instituto Cervantes de Moscú. Él mismo escribe un artículo en su publicación criticando.
Peor lo tienen quienes, al igual que el Carnegie, están ya clasificados como agente extranjero, sean ONGs, medios de comunicación o particulares. Liudmila Kuzminá, una activista pro derechos humanos de la ciudad rusa de Samara reconocida como agente extranjero, sostiene que «por ley estoy obligada a registrarse ante la Inspección de Impuestos como persona jurídica, ya que el Ministerio de Justicia me considera agente extranjero, pero me lo han rechazado». Kuzminá teme ahora recibir una abultada multa.
Desestabilizar al país
Los legisladores rusos estimaron al aprobar la ley que «existe un deseo expreso de desestabilizar el país desde el extranjero», razón por la que fue aprobada la ley que convierte en enemigo o traidor a cualquier plataforma, incluso a título particular, que difunda en Rusia información u opiniones en Internet con financiación foránea. De manera que, no sólo oenegés, blogueros o periodistas, sino cualquier persona, a través de las redes sociales, cuyas opiniones o revelaciones resulten molestas para las autoridades y reciban dinero desde otro país deberá registrarse ante el Ministerio de Justicia ruso como agente extranjero.
De no hacerlo, los infractores se exponen a serias sanciones, incluso por la vía penal.
Tal denominación conlleva la obligación de declarar periódicamente las sumas que se reciben desde fuera y cómo se gastan, con sus lógicas implicaciones fiscales. También a explicar detalladamente mediante informes periódicos la actividad que desarrolla. No sólo los que reciban financiación desde fuera del país son agentes extranjeros, sino también quienes difundan sus materiales, como puede terminar pasando con E-vesti.ru.
Especialmente kafkiana es la situación que vive el canal opositor 'Dozhd', el cual, tras demostrar que no recibe ningún dinero desde el exterior, no logra salir de la lista de agentes extranjeros. Su director, Tijon Dziadkó, señala que «la ley no contempla un procedimiento para que quien estuvo en la lista se le excluya después» y piensa presentar una demanda al respecto.
Human Rights Watch (HRW), ya advirtió que la norma supone «un paso más hacia la restricción de la independencia de los medios en Rusia al crear una atmósfera intimidatoria», lo que persigue a su vez que gente se lo piense dos veces antes de expresar en Internet su punto de vista. La OSCE ha instado a Rusia repetidamente a desterrar el término agente extranjero y más aún a dejar de tipificarlo en su legislación.
El recién galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Dmitri Muratov, director del legendario periódico ruso 'Nóvaya Gazeta', seis de cuyos periodistas fueron asesinados, incluida Anna Politkóvskaya, le dijo la semana pasada directamente en la cara al presidente Vladímir Putin, durante el Foro de Valdái, que «es una ley sin juicio previo. Uno es designado agente extranjero y no hay discusión de las partes, presentación de pruebas ni veredicto. Solamente te cuelgan el estigma y se acabó». Putin le respondió que «la ley no prohíbe defender una determinada posición, sino constatar la existencia de financiación exterior». Días antes, el presidente ruso le advirtió a Muratov que el Premio Nobel «no va a ser un escudo» que le libre de ser considerado agente extranjero, si hubiera motivos para ello.
En una declaración conjunta, los miembros de la Coalición por la Libertad de los Medios de Comunicación (Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Islandia, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, República Checa y Ucrania) expresaron el jueves su «profunda preocupación por el acoso cada vez mayor» de las autoridades rusas «a los periodistas y medios de comunicación independientes».