Boluarte cede ante la indignación social y plantea adelantar las elecciones a 2023.
El Gobierno peruano declaró este miércoles el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días debido a las fuertes protestas en el Perú, según informó el ministro de Defensa, Alberto Otárola. Según señalaron fuentes del Ejecutivo a ABC, «se ordenará el toque de queda en los departamentos donde se han tomado aeropuertos, fábricas de leche y de gas, y se ha incendiado edificios estatales como Apurímac, Arequipa, Cuzco, Ica y Puno».
Tras siete días en el cargo, la presidenta Dina Boluarte ha rectificado tres veces sobre la fecha de la realización de las elecciones generales; en primer lugar, dijo que serían en julio del 2026; luego pasó a abril de 2024 y ahora indica que la nueva fecha de las elecciones será en diciembre de 2023. «Me he reunido con el Consejo Nacional donde estuvo el presidente del Jurado nacional de Elecciones, sin embargo se pueden adelantar (las elecciones) a diciembre de 2023», dijo Boluarte en declaraciones efectuadas desde el Palacio de Gobierno en Lima. El Gobierno de Boluarte afronta una crisis interna y externa. Hasta el miércoles, Argentina, Bolivia, México y Colombia no habían reconocido su Ejecutivo.
Por otra parte, fuentes cercanas a Palacio de Gobierno informaron al ABC que a una semana del nombramiento del primer ministro, Pedro Angulo, será reemplazado por el asesor más cercano a la presidenta Boluarte: el actual ministro de Defensa, Alberto Otárola. La salida de Angulo se debe a los múltiples tropiezos que cometió al hablar de las movilizaciones, por ejemplo, cuando afirmó que desconocía que se estuvieran produciendo protestas porque no veía la televisión, al estar ocupado revisando perfiles y entrevistando futuros miembros del equipo de gobierno.
Comunicado conjunto de Argentina, México, Colombia y Bolivia a favor del «hostigado» expresidente de Perú
A pesar de que la canciller peruana Ana María Gervasi, entregó una carta de protesta a los Gobiernos de Colombia, México, Bolivia y Argentina por el comunicado conjunto de apoyo a Castillo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a tuitear en apoyo al detenido expresidente. Petro aseguró que «la crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente, ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano».
Es por esa razón que el miércoles los embajadores de la Unión Europea, entre ellos el embajador de España en Perú, Alejandro Alvargonzález; el embajador del Reino Unido, Gavin Cook; y el representante de Naciones Unidas, Igor Garafulic, visitaron a Boluarte con el fin de apoyar su gestión.
«Hoy (por el miércoles) me reuní con la presidenta Boluarte para conversar sobre la importancia de proteger la institucionalidad democrática, y seguir el orden constitucional. Vamos a continuar trabajando juntos para el desarrollo del Perú con su gobierno de unidad», declaró el embajador británico. Antes la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, se reunió con la presidenta con el fin de arroparla en apoyo ante el desconocimiento al Gobierno peruano de parte de Argentina, Bolivia, Colombia y México.
La Justicia peruana aplazó para el jueves la audiencia en la que definirá si el expresidente Pedro Castillo es liberado o no
La Justicia peruana aplazó para el jueves la audiencia en la que definirá si Castillo es liberado o no. En la sesión del miércoles, el juez supremo, Juan Checkley, aplazó la audiencia de prisión preventiva, donde se pide 18 meses de cárcel contra el expresidente, quien cumple una semana en la cárcel luego de realizar un fallido autogolpe donde buscó hacerse con todos los poderes usando a las Fuerzas Armadas y la Policía.
El aplazamiento se debe, según la defensa de Castillo, a que no se cumplieron los derechos del expresidente. Uno de los abogados que es parte del equipo de Castillo, Raúl Noblecilla, aseguró a ABC que «estamos ante un sistema de Justicia de espaldas a la Constitución. En estas condiciones, el ejercicio de defensa no solo se nos pone muy cuesta, sino imposible de ejercer. Esa es la razón principal que no hemos querido participar en esta audiencia de prisión preventiva contra el presidente. Hacerlo significa entrar en comparsa con los que no creen en las instituciones y en la democracia», dijo, al tiempo que agregó que «no se cumplieron los derechos del presidente Castillo para destituirlo en el Congreso».