El riesgo de «mexicanización» persigue a Colombia

(ABC) Este viernes la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó una nueva masacre. Esta vez las cinco víctimas fueron asesinadas en el corregimiento de El Caracol, en el departamento de Arauca, al noreste del país. Ese mismo día, otras seis personas fueron asesinadas en El Tambo, en el Cauca.  Y en la mañana de ayer, el gobernador de Nariño denunció que en Tumaco, ciudad sobre el Pacífico y territorio asfixiado por la violencia y la pobreza, hubo otra matanza más, con seis personas asesinadas horas antes de la llegada del presidente Iván Duque para realizar un consejo de seguridad. En 24 horas, tres masacres y 17 muertos.

En tres días las cifras de Naciones Unidas quedaron desactualizadas: ahora son 36 matanzas en lo que va de año –más de una por semana– y otras siete están por confirmar. La ONU registra 97 asesinatos de defensores de derechos humanos, 45 de ellos ya confirmados. El horror no cesa.

Paradójicamente, según las cifras de homicidios emitidas mensualmente por Medicina Legal, en mayo de 2020 hubo 3 mil 922, mientras que el mismo mes de 2019 fueron 4 mil 658. Visto con esa lupa, ha habido una reducción en los crímenes, tendencia que no es nueva. Pero con la de la Fiscalía, según datos solicitados por el diario «El Espectador», desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta julio de 2020, en Colombia fueron asesinados 349 líderes sociales. El 52% de estos crímenes ocurrieron durante los dos primeros años del gobierno de Iván Duque.

¿Qué pasa en Colombia? ¿Hay una espiral de violencia, un retroceso? ¿Todo es culpa del narcotráfico? ¿De los acuerdos con paramilitares de derecha y la guerrilla izquierdista? ¿Es por el desgobierno actual, por el anterior?

Juan Carlos Garzón, director de Dinámicas de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), afirma: «Colombia está muy lejos de la violencia que vivimos en procesos anteriores. Hay ciclos claros: uno después del Caguán –negociación fallida con las FARC (1998-2002)–, con el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla. Desmovilizados los paramilitares (2006), viene otro ciclo de violencia y masacres más fuertes; ahora estamos viendo uno nuevo, después del desarme de las FARC: hay un deterioro de la seguridad que se inicia en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y se mantiene en el de Duque. 2018 fue muy duro, en 2019 hubo cierta estabilidad y en 2020 estamos entre la pandemia y este ciclo reciente de violencia».

Para el senador Roy Barreras, negociador del Acuerdo y duro detractor del Gobierno actual, «lo que sucede es que el Estado estaba obligado a ocupar el territorio que controlaban las FARC. Pero el actual Gobierno no se ha tomado en serio esa tarea y así las zonas tienen hoy diversas organizaciones criminales como denominador común: el narcotráfico. El intento del partido de Gobierno de hacer trizas la paz terminó, paradójicamente, por hacer trizas la seguridad».

Por el contrario, Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación, argumenta que «a pesar de las inmensas dificultades que tenemos por la mala planificación que traía el proceso y porque nos dejaron sin la plata, tenemos resultados claros», entre ellos, dice, la reducción del 9% en los cultivos de coca, el secuestro ha caído en un 19% frente al año anterior y fue creado el Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales. «Además, menos del 1% de las familias de sustitución se ha retirado del programa. Y hay que precisar que, de los 170 municipios priorizados para la implementación del Acuerdo, 120 tienen cultivos de coca», señala.

Mucho plan, poca acción

Pero no todo lo explica el narcotráfico. «¿Qué ha sucedido con la fuerza pública en ausencia de las FARC? La respuesta –dice Garzón– es una crisis de identidad donde se perdió el norte estratégico. Antes tenía una amenaza identificada y, en teoría, las capacidades para enfrentar a las FARC iban a servir para el ELN. Pero pasaron por alto que hay varios grupos que se disputan las economías ilegales en el territorio. El Estado colombiano se preparó para enfrentar grandes organizaciones, pero no está preparado para enfrentar la fragmentación», y las fuerzas armadas han perdido legitimidad tras los escándalos de abusos y corrupción.

¿Hay una mexicanización de Colombia? Para María Victoria Llorente, experta en seguridad y cabeza de la FIP, «hay dinámicas similares en términos de fragmentación y violencia muy focalizada. Los cárteles mexicanos tienen influencia, pero no conforman los grupos armados, digamos que garantizan el producto (drogas ilícitas)». Para ella, además, el incremento de la violencia actual también se explica porque, aunque «el Gobierno tiene una política de seguridad nacional con una visión contemporánea para llevar toda la potencia del Estado a las zonas cruzadas por la violencia y las rentas ilegales, el único que finalmente llega es el ejército. Y hoy es evidente que no hay despliegue del Estado; muchas presentaciones de Power Point, pero poca ejecución y un liderazgo civil muy pobre».

«La paz se firmó con las FARC, pero la violencia no se reducía a esa guerrilla»

Emilio Archila, consejero presidencial para la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno Santos (2010-2018) y las FARC, advierte de que «la violencia no se reducía a esa guerrilla». «Hay otros factores que afectan –explica–, como no haber negociado con el ELN. Las violencias paralelas no marcan el fracaso de la implementación del Acuerdo; nada de lo que yo haga logrará que esa guerrilla deje de atacar el oleoducto, el narcotráfico, el secuestro, la violencia».

Según Archila, se está «avanzando en el acuerdo con la FARC, de forma ordenada y planificada para garantizar que los excombatientes mantengan su proceso hacia la legalidad. Lo que sigue es acabar las economías ilegales de coca, amapola, marihuana y llegar con el Estado a esos territorios. Pero se olvida, de buena o mala fe, el tiempo que toma, 15 años. La dejación de las armas es solo un paso».