Al conocerse la decisión las redes estallaron con la noticia, y en en las calles los coches hicieron sonar las bocinas
(ABC) El Tribunal de la Corte Nacional de Ecuador rechazó el recurso de casación del caso «Sobornos 2012-2016», con lo cual se ratificó la sentencia a ocho años de prisión e inhabilitación política del expresidente Rafael Correa, por el delito de cohecho agravado, así como de su ex vicepresidente Jorge Glas, varios funcionarios de su administración y empresarios nacionales y extranjeros.
El caso Sobornos es una trama de corrupción mediante la cual grandes empresas financiaron al movimiento político Alianza País en el poder, a cambio de millonarios contratos en obras pública.
Apenas se conoció la decisión, las redes estallaron con la noticia, y en en las calles los coches hicieron sonar las bocinas. Por momentos, la gente se olvidó que la pandemia sigue atacando al país.
Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacaron sentencia «definitiva» para habilitarse como candidato, dijo Correa en su cuenta de Twitter. Y agregó: «no entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular».
Al no haberse admitido la casación como había pedido la defensa del exmandatario quien reside en Bélgica, desde 2017 después de haber ejercido el poder durante 10 años, la sentencia acusatoria está en firme. Correa no podrá ser candidato a asambleísta por los emigrantes ni a ninguna otra dignidad, porque ha perdido los derechos ciudadanos.
La semana anterior, desde Bélgica donde reside, pretendió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) admitiera su inscripción como precandidato a vicepresidente. Fue negado por que tenía que hacerlo de manera personal.
Junto a Correa, fueron sentenciados su ex vicepresidente, Jorge Glas, que guarda prisión por la trama de Odebrecht; Vinicio Alvarado, quien fuera secretario de la Administración y estratega político (prófugo); Alexis Mera, ex secretario Jurídico de la Presidencia (con arresto domiciliario); los ex ministros María de los Ángeles Duarte, que se encuentra en la Embajada de Argentina, así como los exministros Walter Solís y Viviana Bonilla y el ex legislador Christian Viteri, que han huido del país.
«Es una sensación de incredulidad, asombro y satisfacción por el deber cumplido», dijo, exultante, Christian Zurita, uno de los periodistas que destapó el caso junto a Fernando Villavicencio y Cristina Solórzano. El papel de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha sido decisivo, al igual que el de la jueza Daniella Camacho.
Apenas hubo la denuncia periodística, en mayo de 2019, la fiscal ordenó la detención de Pamela Martínez, ex asesora de Correa y ex jueza constitucional, así como de Laura Terán, su asistente. Recibieron penas menores porque se acogieron a la cooperación eficaz.
La primera sentencia en el caso Sobornos se dio el 8 de abril pasado, pero fue apelado. El 20 de julio, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia ratificó en segunda instancia la condena a ocho años de prisión de los imputados, aunque rebajó de 25 a ocho años la inhabilidad política. Los abogados interpusieron recurso de casación, pero el Tribunal ha ratificado la sentencia.
El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, señaló que las pruebas han sido tan evidentes, que era imposible no sancionar. «Ahora falta que se conozca el caso Odebrecht, en el que también está involucrado Correa».
La pena es también para los empresarios Víctor Fontana, Rafael Córdova, Bolívar Sánchez, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Alberto Hidalgo, Teodoro Calle, Mateo Choi y William Phillips, igualmente declarados culpables.