Epicentro / Claudio Vargas / ¿Quienes han generado hechos de violencia, podrían generar paz?
Preocupante el anuncio que dio el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio, que su “ejército de civiles armados”, también llamados policías comunitarios, actuarían en labores de combate a la extorsión en Acapulco y Chilpancingo, aún cuando la presidenta municipal de Acapulco, advertía que la prevención del delitos le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública.
Este tema de la seguridad en un municipio, que no se rige por los llamados “usos y costumbres”, que es donde la Ley 701 ampara a la policía comunitaria legalmente elegida por Asamblea en comunidades indígenas, para brindar tranquilidad a esos pueblos, no aplica a la UPOEG que opera en labores de seguridad, al amparo de la Ley, pues lejos de traer paz, ha generado violencia en varias regiones de este municipio.
Muchos se preguntan, si la acción de Bruno Plácido, amo y señor del ejército de hombres armados hasta los dientes, hará el trabajo sucio, de limpiar zonas con presencia de grupos de la delincuencia que se dedican al negocio de la extorsión. En una tarea que debería realizar por sus facultades la llamada Fiscalía General del Estado (FGE) encargada de investigar ese tipo de delitos.
La amenaza del Ejército mexicano, de desarmar a todos aquellos grupo que se auto denominan “policías comunitarios”, pero a su vez, violan la Ley de armas de fuego y explosivo”, al portar armas de uso exclusivo y de grueso calibre, quedó en eso, en promesa incumplida.
Recordar, el fenómeno de los grupos de auto defensas, creados en varias zonas del vecino estado de Michoacán, tierra rica en producción de aguacate, que se les permitió que operaran por algún tiempo, para enfrentar células de grupos delincuenciales, como la familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CGNG) y que posterior mentes de enfrentarse en una guerra sin cuartel en la Sierra, dejó saldo de muchos muertos, luego el propio gobierno procedió a su desarme.
En Acapulco, algunos expertos en seguridad nacional, sostienen que la permisividad de un gobierno a grupos de civiles armados, amparados en una Ley, es una forma de poder enfrentar el fenómeno de la violencia en los estados, sin arriesgar a los cuerpos de seguridad y sus instituciones, en acciones que pudieran llevar a ejecuciones extra judiciales y por ende, enfrentar a las organizaciones de derechos humanos, como el caso de Tlatlaya.
Quién no recuerda, aquellos sucesos: La matanza de Tlatlaya fue una masacre en la que 22 civiles fueron asesinados en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014, a manos de militares.
Sea verdad o una hipótesis de expertos en seguridad, lo cierto del caso, es que no sería descabellado, medir las consecuencias de estas acciones de la UPOEG en algunas zonas del municipio, -costo beneficio- no sea que lejos de resolver un problema genere otro peor, como aquella masacre de una familia en la vereda de San Pedro Cacahuatepec a manos de un policías comunitarios de la UPOEG.
Y es que otra de las cosas que pasan en este municipio, es que la ciudadanía no tiene confianza en los órganos de impartición de justicia. Porque ni es pronta ni tampoco expedita y la gente termina viviendo un infierno en eso de buscar que se le haga justicia.(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)