Situado a 15 kilómetros de Iguala, donde desaparecieron hace cinco años
Las autoridades mexicanas han iniciado en un vertedero en Tepecoacuilco un nuevo operativo de búsqueda del grupo de 43 estudiantes que desapareció la noche del 26 de septiembre 2014 en el municipio de Iguala, en el Estado de Guerrero. En un nuevo intento de dar con pistas que ayuden a encontrar a los jóvenes desaparecidos hace cinco años, la Fiscalía y el Ejército han dado comienzo a esta operación con maquinaria pesada para remover la tierra y los desperdicios en el basurero del municipio de Tepecoacuilco ubicado a 15 kilómetros al sureste de Iguala.
La operación se ha realizado también en colaboración con miembros de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, un grupo creado en diciembre por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para volver a investigar este complejo caso. El basurero de Tepecoacuilco esta actualmente protegido por el Ejército mexicano y se encuentra a tan sólo 10 minutos en coche de Iguala, donde desaparecieron los 43 jóvenes que estudiaban para ser profesor en una escuela ubicada en la localidad de Ayotzinapa, también en el Estado de Guerrero.
Según la versión oficial de la Fiscalía del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes fueron detenidos en Iguala por un grupo de policías corruptos que los entregaron cártel local Guerreros Unidos. Este grupo organizado supuestamente los asesinó y quemó en el basurero de Cocula, localizado a unos 20 kilómetros al suroeste de Iguala.
Esta teoría se apoya en el testimonio de más de cien personas. Sin embargo, la justicia mexicana ha puesto en libertad en las últimas semanas a 77 de las 142 personas detenidas por el «caso Ayotzinapa». Estas liberaciones se deben a multitud de irregularidades cometidas por la Fiscalía contra los sospechosos, incluyendo torturas o pruebas inconsistentes con la investigación.
Uno de los liberados ha sido Gildardo López Astudillo, alias «El Gil», uno de los principales acusados por la Fiscalía de participar en la desaparición de los estudiantes. Supuestamente, ‘El Gil’ fue el nexo entre la policía local con el cártel Guerreros Unidos para presuntamente transportar a los jóvenes al vertedero de Cocula, donde fueron ejecutados y quemados según la versión oficial defendida por la Fiscalía de Peña Nieto.
En las vísperas del quinto aniversario, la Fiscalía ahora bajo el mando de López Obrador ha anunciado que presentará recursos legales por supuestas irregularidades cometidas por el entonces fiscal Jesús Murillo Karam y dos funcionarios que tuvieron participación directa en la investigación: Tomás Zerón y José Aarón Pérez Carro.
La Comisión de la Verdad investigará el caso
Con el objetivo de demostrar que México vive una nueva etapa bajo su mandato, el presidente López Obrador ha convertido la búsqueda de desaparecidos en una de las prioridades de su administración. Así, el presidente ha lanzado un plan de búsqueda para las 40 mil personas oficialmente desaparecidas en todo el país. Sin embargo, diversas organizaciones estiman que podría haber más de 300.000 personas desaparecidas, dado que muchos familiares no denuncian el delito por miedo a sufrir represalias por parte de las organizaciones criminales.
Dentro de estos crímenes, ‘Ayotzinapa’ es el caso de mayor importancia para el gobierno debido a que es el que ha gozado mayor relevancia internacional, puesto que la versión oficial puso en evidencia la estrecha colaboración que existe entre gobiernos locales y organizaciones criminales. Por ello, la primera medida que tomó López Obrador como presidente fue crear la Comisión de la Verdad que volverá a investigar el caso, un comité integrado de diversos expertos y algunos de los familiares de los 43 desaparecidos.
La importancia de este caso es tal que Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha indicado recientemente que el gobierno mexicano no tiene restricciones de presupuesto para financiar toda operación necesaria para descubrir qué ocurrió con los estudiantes desaparecidos hace cinco años. Entre 2007 y 2016, se calcula que en México se han encontrado un total de 1.075 fosas comunes con 2.204 cuerpos, de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana y la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.