Por: Fernando Polanco Ochoa Chilpancingo, Gro., julio 20 de 2017 (IRZA).- El incumplimiento del fiscal Xavier Olea Peláez sobre el esclarecimiento del asesinato del diputado local del PRD, Armando Chavarría Barrera, obedece a que “no existe una investigación profesional y un expediente contundente”.
Martha Idalia Obeso Cásarez, viuda del extinto presidente de la desaparecida Comisión de Gobierno de la 59 Legislatura local, dijo que Olea Peláez utilizó el caso como “salida” ante el cúmulo de cuestionamientos sobre su deficiente gestión al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El 26 de junio, al comparecer ante diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y de la Junta de Coordinación Política, Olea aseguró que en un máximo tres semanas entregaría un informe, en el cual revelaría el móvil y los presuntos responsables del crimen de Armando Chavarría.
El plazo venció el pasado lunes 17 de julio, sin que entregara el dichoso informe a la Cámara de Diputados.
Obeso Cázares entregó este jueves a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Congreso local una propuesta para que el Poder Legislativo declare el 20 de agosto como “día de duelo” en todo el estado, en conmemoración de la muerte de su esposo.
En entrevista, comentó que es una petición que ha hecho cada año desde aquella fatídica mañana del 20 de agosto del 2009, con excepción del 2014, debido a la convulsión social que causó el asesinato y desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala.
Insistió en que las familias Chavarría Obeso y Chavarría Barrera no aceptarán la línea de investigación de la FGE, la cual apunta hacia miembros de la “guerrilla” como responsables del crimen, cuya versión ya fue desechada por el Juzgado Séptimo de Distrito.
Todos han “manoseado” el expediente
Declaró que el caso se encuentra todavía en análisis por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual recurrió porque en Guerrero enfrentaron una contundente obstrucción de la justicia.
Afirmó que en caso de que prospere en la CIDH, todos los titulares de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), incluyendo a Olea Peláez, “serán acreedores de sanciones que la ley determine”.
Esto, porque “han trasegado y manoseado” el expediente, “haciendo todo lo posible para que el tiempo borre las evidencias y no se haga justicia”, al grado de que les han impedido revisar el expediente.
Recordó que días después del crimen tuvieron que contratar abogados de la Ciudad de México porque en Guerrero ninguno aceptó el caso, a quienes les dieron acceso a copias simples de las primeras actuaciones de la desaparecida PGJE, pero bajo vigilancia, cámaras y supervisión de funcionarios de esa instancia.
Comentó que el hostigamiento llegó al grado de que los abogados renunciaron al caso y regresaron a la Ciudad de México, además de los elementos de seguridad que contrató para la vigilancia de su casa fueron “levantados” y amenazados de muerte, quienes también le renunciaron en tiempos del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
No hay apoyos de las cúpulas del PRD
Martha Obeso confirmó que la familia de Armando Chavarría no ha contado con el respaldo de las cúpulas nacionales del PRD, incluyendo a la actual secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Beatriz Mojica Morga.
Sin embargo, la viuda del extinto político perredista se negó a profundizar sobre el tema y particularmente sobre el escaso respaldo de la ex candidata a la gubernatura de esta entidad en la elección del 2015.
“Con ellos no hemos contado”, sintetizó, aunque reconoció que los miembros del PRD en Guerrero sí han externado su apoyo y colaboración en las gestiones que ha llevado a cabo así como en la exigencia de justicia. (www.agenciairza.com)