La decisión se produce en respuesta a la reactivación de la ley Helms-Burton por EE.UU. la semana pasada
(ABC) El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó desde su cuenta en Twitter con recrudecer la aplicación de la ley 88, conocida como «ley mordaza», en respuesta a la ley Helms-Burton que la administración de Donald Trump reactivó el pasado 2 de mayo.
La «ley mordaza» –sobre la protección de la independencia nacional y la economía– fue sancionada el 16 de febrero de 1999 y contiene, entre otras cosas, apartados destinados a reprimir el periodismo independiente en la isla y a toda acción que, «en concordancia con los intereses imperialistas, persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social».
A través de varios tuits, el titular del máximo órgano de Justicia del régimen de La Habana acusó a la ley Helms-Burton «caprichosa, absurda y extraterritorial», y recordó las «severas penas» establecidas contra los ciudadanos cubanos que «apoyen, faciliten o colaboren» con sus objetivos.
Sin embargo, el propósito único de la «ley mordaza» durante dos décadas ha sido coartar y criminalizar todo ejercicio de libertad de expresión.
Varias figuras de la disidencia en la isla han señalado que ya en 1997 el régimen estableció la Ley de Dignidad Nacional, que penaliza con condenas de hasta diez años de privación de libertad a cualquier persona que, «de manera directa o indirecta, colabore con medios de comunicación del enemigo».
Con la «ley mordaza», el régimen cubano ha presumido de contar con una herramienta eficaz para silenciar a quienes ejercen dentro de la isla el periodismo independiente. Bajo esta Ley fueron condenados a largas condenas de cárcel, en la primavera de 2003, 75 disidentes. De los juzgados en este proceso, conocido como la Primavera Negra, 27 eran periodistas independientes.
Utilizar la ley Helms-Burton ha sido la justificación del régimen para encarcelar tanto a quienes ejercen prensa independiente como a los ciudadanos que expresan pacíficamente sus opiniones.
La actual Constitución cubana, en su Artículo 55, ratificó que la libertad de prensa solo puede ejercerse «de conformidad con la ley y los fines de la sociedad», y más adelante, establece que «los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad».
Documentos utilizados por las Fuerzas Armadas durante los ejercicios militares «Bastión 2016» indicaron que los periodistas independientes serían «el primer objetivo a inmovilizar», al considerarse que serían la «amenaza número uno y un arma que puede hacer mucho daño al desprestigiar al Gobierno y que transmitirían al mundo una imagen de que el Gobierno cubano no cuenta con el apoyo del pueblo».
Los últimos reportes de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificaron a Cuba en el peor puesto (172) de Latinoamérica entre los Estados que persisten con políticas autoritarias respecto a la prensa.