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Un estudio expone cómo Los Zetas controlaban a los gobernadores mexicanos

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La Universidad de Texas revela cómo el crimen organizado sobornaba y extorsionaba a los gobiernos de Coahuila y Veracruz

Acapulco Gro., 11 de noviembre del 2017 (ABC).- La Universidad de Texas (UT) ha publicado un informe que recoge los relatos de diferentes miembros de Los Zetas en los que detallan cómo la organización criminal sobornaba y extorsionaban a los gobernadores de los estados mexicano de Coahuila y Veracruz. La UT ha recopilado 24 testimonios de testigos en tres juicios entre 2013 y 2016 contra integrantes de Los Zetas en Estados Unidos, donde los criminales explicaron como la organización sobornó y contribuyó en campañas electorales para continuar sus negocios ilegales.

Bajo el título: «Control…Sobre Todo el Estado de Coahuila», los testigos describieron en los interrogatorios millonarios sobornos que cobraron los hermanos Moreira, miembros del Partido Revolucionario Institucional y quienes han gobernado esta entidad federativa en la última década. Mientras que Rubén Moreira es el actual gobernador de Coahuila, su hermano Humberto ocupó este puesto hasta el 2011. Ambos han rechazado las informaciones publicadas en el informe y lo han calificado como injusto y mal fundado.

Tras analizar las declaraciones que realizaron los testigos, los investigadores de la UT resaltan dos conclusiones principales. En primer lugar, quedan evidenciados los abusos a derechos humanos cometidos por Los Zetas, una poderosa organización de tráfico de drogas con base en México y que se ha diferenciado por ser una de las más sanguinarias que operan en todo el país. Sus operaciones se extienden desde Centroamérica hasta varias ciudades en EE.UU. y su actividad genera millones de dólares de ingresos cada año, destaca el informe.

Y la segunda conclusión es el papel, ya sea por acción u omisión, que desempeñaron las instituciones o funcionarios públicos mexicanos al dejarse influenciar por el narcotráfico. Los Zetas han asesinado a decenas de personas en Coahuila y el estudio saca a la luz los fuertes vínculos y pactos que existen entre servidores públicos y la organización criminal. «Muchos funcionarios, incluyendo al ex gobernador y el gobernador actual de Coahuila, aceptaron sobornos para permitirle al cártel operar con impunidad», asegura el informe.

Asimismo, los juicios que han analizado los investigadores de la universidad estadounidense subrayan además el carácter transnacional del tráfico de drogas y la violencia que acompaña a este lucrativo negocio ilegal. Por ello, el informe acaba diciendo que, si se quiere poner fin a las violaciones de derechos humanos en México, se requiere voluntad política y, sobre todo, mucha participación de la comunidad internacional.