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Cuando los usos y costumbres están por encima de la dignidad de los niños indígenas

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En la Montaña, se venden las niñas bajo el argumento que se casan pagando el dote ancestral

Por: Claudio Vargas

Acapulco Gro., 12 de diciembre del 2017.- La pobreza y marginación que viven las niñas indígenas de la Montaña en Guerrero, es poco comparado con el infierno que experimentan cuando sus padres contra su voluntad las venden como mercancías a un precio de más de cien mil pesos.

Aunque no existe en la entidad cifras oficiales que permitan saber el número de casos de menores indígenas que “son vendidas”, bajo el uso y costumbre de que se van a casar pagando un dote a los padres como lo hecho desde hace muchos años en esas zonas apartadas del estado.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolla, tiene datos que establecen que, en más de 10 años, en Guerrero se han vendido cerca de 300 menores, bajo el concepto de que se tienen que casar y el propietario o “esposo”, tiene que dar el dote.

El llanto en el interior de una habitación, que es más bien como un calabozo, para aquellas niñas que fueron “vendidas”, bajo el uso y costumbre a un precio, se escucha. No hay eco, tampoco el derecho a elegir con quién algún día, se quiera casar a cambio de nada.

El romanticismo, el amor y toda la magia que envuelve, el que dos personas se conozcan, se va como neblina apareciendo el sol. Son niñas indígenas que ya no tendrán sueños, porque ahora después de pactar la cantidad a pagar por ella, se irán sin saber si algún día regresarán a sus comunidades donde fueron entregas como mercancía a un particular.

Nadie imagina el sentir de una niña, que lejos de su infancia, está a punto de convertirse en una mercancía y sin saber a dónde va, se pierde en ella el sueño de ser alguien en la vida, en la búsqueda de una mejor vida.

Metlatonoc, un municipio de la Montaña es donde se presentan casos como estos. En un trabajo periodístico del reportero David Espino, publicado en el periódico de circulación nacional, El Universal, habla precisamente de esta problemática y cita testimonio del comisario indígena Yuvi nani, Melitón Hernández que expresa que cuando es mayor la mujer se dice que,” no la quieren para puta”.

“Es una vieja práctica que no podemos erradicar, aunque la ley dice que se configura como un delito específicamente de trata de personas”, reconoce sin consuelo, el asesor del síndico de Metlatónoc Serafín Nava Ortiz.

En las comunidades apartadas de Guerrero, no se conoce en lo absoluto la Declaración Universal de los Derechos de los niños. Aprobada el 20 de noviembre de 1959 por la Asamblea de las Naciones Unidas, la declaración de los derechos del niño, que reconoce por primera vez la ciudadanía de los niños y las niñas.

En ella refleja tres aspectos importantes: el derecho del niño a ser protegido frente a ciertas clases de conducta como el abandono, los malos tratos o la explotación. El Derecho del niño a tener acceso a ciertos beneficios y servicios, tales como la educación, la atención sanitaria y la seguridad social y Derecho del niño a realizar ciertas actividades y a participar en ellas.

Sin embargo, esta disposición que tiene como objetivo proteger a niños y niñas del mundo, es sepultada por los llamados “usos y costumbres de los pueblos”, que no ven que cuando venden a una menor para “casarse”, supuestamente, están atentando contra su cuerpo, dignidad y su deseo de que, en muchos casos, no quieren hacerlo porque tienen otros planes como estudiar y superarse para salir de la pobreza en la que viven.

 Tlachinollan sostiene que la costumbre de los pueblos indígenas está perdiendo su esencia y el pago por el dote por una niña se ha convertido en un intercambio comercial que atenta contra el cuerpo y dignidad de las mujeres. Este “dote”, en práctica ancestral se ha ido transformando entre los padres de las niñas indígenas y del esposo que podría tipificarse en un delito de trata de personas, más allá de los usos y costumbres.

El reportero David Espino, consigna en su reportaje publicado en el Universal que a Tlachinollan llegan muchos casos así: el síndico de Cochoapa el Grande, Rutilo Ortega Maldonado, que obligó a unos padres a devolver 120 mil pesos de una dote que se pagó hace años porque su hija, Micaela, se regresó a vivir con ellos luego de que Celso, su marido, se fue a trabajar a Estados Unidos y no ha vuelto. Al final, luego de arreglarse, los padres de Micaela sólo devolvieron 30 mil pesos, pero a ella le quitaron a su hijo. O como el encarcelamiento de una pareja de muchachos, Jesús y Francisca, también en Cochoapa el Grande, porque él se negó a pagar 260 mil pesos que le exigía el tío que crío a Francisca. En castigo, el tío denunció a ambos y ahora están en la cárcel.