Por: José Antonio Rivera Rosales En septiembre de 2013 se abatió sobre Acapulco un temporal extraordinario por su enorme caudal de agua, lo que terminó causando 111 muertes, 10 mil 497 viviendas inundadas, 540 escuelas dañadas y daños materiales por más de 22 mil millones de pesos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto respondió a la contingencia con el despliegue de todas las capacidades de la administración pública federal, lo que en definitiva mitigó el desastre del que fueron víctimas los guerrerenses.
En ocasión de tal devastación, surgieron denuncias que acusaban a algunas autoridades municipales de haber cambiado el uso de suelo en la zona de humedales que se sitúa entre el Parque Nacional El Veladero y la Laguna de Tres Palos, un área lacustre que con el tiempo fue invadida por la mancha urbana. Ante el percance, Peña Nieto anunció que se investigaría quiénes eran responsables por haber autorizado licencias de construcción en terrenos inundables. Muchos pensaron que, en efecto, algunos ex alcaldes o por lo menos autoridades menores serían llevados a juicio, pero nunca sucedió nada.
Ahora sabemos la razón. Fechado el 3 de octubre de 2014, un año después de la tragedia, un estudio del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate (BIC) da cuenta de que los verdaderos causantes de la tragedia son en realidad un conjunto de intereses privados que levantaron construcciones que funcionaron como diques artificiales para los escurrimientos naturales de agua procedentes tanto de la parte alta del Parque Nacional El Veladero como del Río de La Sabana.
Adscrito a la 35 Zona Militar, los Ingenieros de Combate hicieron un reconocimiento del área donde se generó la tragedia de 2013, tras lo cual pusieron por escrito sus conclusiones que, por cierto, son descubrimientos sorprendentes. Es verdad que la corrupción subyacente en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del municipio, particularmente en el área de licencias de construcción, fue la causa de que indebidamente se autorizaran permisos para construir fraccionamientos en la zona de humedales -donde, debemos aclarar, ya había asentamientos irregulares y precarios-, pero esas actuaciones parecen ser un pecado menor frente al cúmulo de intereses privados que son los verdaderos causantes de la catástrofe de 2013.
En efecto, las desarrolladoras GEO, ARA y HOMEX, responsables de la construcción de más de 10 mil viviendas, cometieron un fraude gigantesco en perjuicio de esas 10 mil familias que adquirieron las casas. El fraude radica en la venta de propiedades a sabiendas de que se trataba de terrenos inundables cada temporada de lluvias por el simple hecho de que están situadas en humedales.
Firmado por el coronel José Juan López Gutiérrez, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate, el estudio llega a la conclusión de que la carretera privada Viaducto Diamante, cuyo trazo parte en dos la zona de humedales es uno de los factores causante de la distorsión de los caudales procedentes tanto de escurrimientos como del Río de La Sabana.
A ello hay que agregar que el Viaducto Diamante construyó un puente sobre el Río de La Sabana completamente insuficiente para dar paso a esa afluencia de aguas, lo que aunado al azolvamiento de la corriente causó un taponamiento que originó la inundación hacia áreas habitadas. Solución: construir un nuevo puente, más alto y largo, que permita un paso suficiente a los caudales del agua en temporada de lluvias.
Construida por el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), consorcio propiedad de Jorge Ballesteros Franco, el Viaducto Diamante enlaza la Autopista del Sol con el Boulevard de Las Naciones en el área del Acapulco Diamante, la llamada zona de Gran Turismo. Pero al dividir en dos la zona de escurrimientos, sin dejar un solo dren que permitiera el libre tránsito de aguas pluviales, esa vía privada es la causante de gran parte de los problemas de eventuales y probadas inundaciones.
Así pues, se impone la pregunta: ¿qué espera la Secretaría de Comunicaciones y ¿Transportes para Corregir el problema? Concebido como un desarrollo turístico de excepción, el Acapulco Diamante fue uno de los mega proyectos del extinto gobernador José Francisco Ruiz Massieu, quien buscaba así rescatar la actividad turística como uno de los ejes de la economía guerrerense mediante el plan de transformar al puerto en un destino de fin de semana.
Pensada para el turismo de amplio poder adquisitivo, la zona Diamante era la joya de la corona de sus proyectos, junto a la Autopista del Sol y otros desarrollos, para lo cual fundó la Promotora Turística de Guerrero (PROTUR), que desde entonces actúa como agente de ventas de terrenos de vocación turística. Es decir, como agente de negocios.
Así, desde 1990 a la fecha comenzó el crecimiento de la Zona Diamante, que tomó un auge inusitado a partir del año 2000 hasta la fecha, lo que inundó el área con restaurantes, tiendas comerciales, grandes hoteles, desarrollos inmobiliarios, residencias de lujo, concentrado todo en una franja de apenas 6.5 kilómetros entre Puerto Marqués y el Aeropuerto Internacional. En últimas fechas, el desarrollo se dirige ahora a Barra Vieja, a todo lo largo de la franja de tierra entre el mar y la Laguna de Tres Palos, que se extiende a lo largo de 22 kilómetros.
Lo que descubrieron los ingenieros militares es motivo de sorpresa: nada menos que el Boulevard de Las Naciones, construido por el gobierno federal con una elevación de 1.5 metros por encima del terreno natural, es lo que causa la anegación de los escurrimientos naturales en una especie de vaso receptor que impide la salida de las aguas pluviales. Pero más sorprendente es la conclusión de que la franja de grandes hoteles, que no dejaron salida pluvial al mar, termina por ser un dique para los escurrimientos, aunado al Viaducto Diamante, que tampoco dejó espacio para el tránsito de las aguas que bajan del
Parque Nacional El Veladero. En palabras textuales, el punto número 4 del apartado D sobre el Acapulco Diamante, establece: “Se observa que los 6 kilómetros de hoteles constituyen la barrera final para el drenaje de los escurrimientos pluviales; dejando al centro de la Zona Diamante un área susceptible y de exprofeso para captar aguas pluviales”. Para solucionar el problema, la propuesta de los ingenieros militares radica en abrir tres canales en lugares determinados de la Zona Diamante con el fin de dar salida al agua. Una solución ingeniosa de la que no se ha vuelto a hablar seguramente por los intereses inmiscuidos. Igual debiera tomarse en cuenta la idea de abrir un dren a lo largo del trazo del Viaducto Diamante para canalizar los escurrimientos hacia la Laguna Negra de Puerto Marqués, o al mar, idea original del doctor Leonel Lozano, experto en temas ambientales.
Así las cosas, el gran descubrimiento es que fueron los intereses de grandes consorcios los que provocaron la catástrofe de septiembre de 2013 en la periferia de Acapulco, por lo cual el gobierno federal debió afrontar la situación mediante una cuantiosa partida presupuestal.
¿Justicia? No, nadie se atrevería a hacer reclamos a los poderosos varones del dinero en México.