El fundador del grupo radical Oath Keepers, Stewart Rhodes, y Kelly Meggs, que gestionaba la filial en Florida, han sido hallados culpables por un juzgado federal de Washington
Dos insurrectos estadounidenses que participaron en el saqueo del Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento frustrado de contravenir el orden constitucional e impedir que el legislativo validara la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones, han sido condenados por sedición, y cada uno se enfrenta a hasta 20 años de cárcel.
El delito de sedición se tipificó en Estados Unidos tras la Guerra Civil, a finales del siglo XIX, para poder detener y encarcelar a separatistas sureños que siguieran combatiendo tras el final del conflicto, en el que murieron más de 620.000 personas, según los historiadores.
Justo cuando el Gobierno español elimina el delito de su Código Penal, en EE.UU. se juzga a una cantidad insólita de supuestos insurrectos por él, tras el intento de romper el orden constitucional en 2021.
Supremacistas blancos que niegan el Holocausto o raperos antisemitas acusados de maltrato son algunos de los visitantes del expresidente de EE.UU. en su finca de Mar-a-Lago, para preocupación de los republicanos
Dos grupos
Tras estas primeras condenas, la próxima semana comienza la selección del jurado para un segundo grupo que se enfrentan a los mismos cargos de conspiración sediciosa. También está previsto que varios miembros del grupo radical Proud Boys, entre ellos el que fue su presidente nacional Enrique Tarrio, vayan a juicio por el cargo de sedición en diciembre.
En este caso, el fundador del grupo radical Oath Keepers, Stewart Rhodes, y Kelly Meggs, que gestionaba la filial del grupo en Florida, han sido hallados culpables por un juzgado federal de Washington, capital de EE.UU. Otros tres acusados fueron absueltos del mismo delito. La pena máxima por sedición en EE.UU. es de veinte años de prisión.
El delito de sedición se aplica cuando dos o más individuos tratan de derrocar por la fuerza al gobierno de EE.UU., o hacen la guerra en su contra, o recurren a la fuerza para oponerse a la autoridad del gobierno o para bloquear la ejecución de las leyes constitucionales.
Según figura en el código legal norteamericano, «si dos o más personas en cualquier estado o territorio, o en cualquier lugar sujeto a la jurisdicción de EE.UU., conspiran para derrocar, deponer o destruir por la fuerza al gobierno de EE.UU., o para hacerle la guerra, o para oponerse por la fuerza a la autoridad del mismo, o para impedir, obstaculizar o retrasar por la fuerza la ejecución de cualquier ley de EE.UU., o para apoderarse, tomar o poseer por la fuerza cualquier propiedad de EE.UU. en contra de la autoridad de el mismo, cada uno de ellos será multado o encarcelado no más de veinte años, o ambas cosas».
El delito de sedición se tipificó en Estados Unidos tras la Guerra Civil, a finales del siglo XIX
El veredicto de culpabilidad, anunciado el martes, es un éxito para la Fiscalía, pues esta no ha juzgado un caso de conspiración sediciosa en una década, y no ha ganado un veredicto de culpabilidad con respecto a ese delito desde el enjuiciamiento en 1995 de un grupo de radicales islamistas que conspiraron para detonar bombas en lugares emblemáticos de Nueva York, años antes del 11-S.
Las deliberaciones del jurado duraron tres días. El juicio en sí mismo duró seis semanas.
Los fiscales demostraron que Rhodes pasó semanas preparando un complot violento para impedir que Biden se convirtiera en presidente. Ese condenado, de Texas, reclutó a secuaces armados que vinieron a Washington, y se desplegaron en grupos, recibiendo instrucciones. Las cámaras les captaron saqueando el Capitolio, tras ingresar en él en formación de tipo militar.
Macrocausa
Este es uno de los primeros juicios completados en la macrocausa del saqueo del Capitolio. En total, han sido detenidas 725 personas, de las que 40 se enfrentan o han enfrentado a cargos graves de conspiración o sedición. Recientemente, el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, nombró a un fiscal especial, Jack Smith, para que supervise los aspectos clave de la investigación y una investigación separada sobre la supuesta sustracción de documentos clasificados por parte de Donald Trump tras salir de la Casa Blanca.
También está previsto que varios miembros del grupo radical Proud Boys, entre ellos el que fue su presidente nacional Enrique Tarrio, vayan a juicio
Garland dijo tras este veredicto de condena por sedición que el departamento de Justicia «está comprometido a hacer rendir cuentas a los responsables criminales del asalto a nuestra democracia el 6 de enero de 2021».
Según el subdirector a cargo de la división del FBI en Washington, Steven D'Antuono, «la democracia depende de la transferencia pacífica del poder, y al intentar bloquear la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, los acusados burlaron y pisotearon el estado de derecho. Este caso demuestra que la fuerza y la violencia no son rivales para el sistema de justicia de nuestro país».
Junto a Rhodes y Meggs fueron juzgados Kenneth Harrelson, de Florida; Thomas Caldwell, un oficial de Inteligencia de la Marina jubilado de Virginia; y Jessica Watkins, que fundó un grupo de radicales en Ohio.