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Mar, Abr

EE.UU. ordena a los agentes de Inmigración que discriminen a quienes hablan español

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Los identificados como centroamericanos o sudamericanos, serán enviados en caliente a México. La medida afecta tanto a los solicitantes de asilo como a los que entran en el país de forma ilegal

Los agentes de inmigración norteamericanos han comenzado a discriminar a los peticionarios de asilo que hablan español o proceden de América Latina y están devolviéndolos en caliente a México mientras su solicitud se decide en los juzgados, según varios memorandos internos que revelan un profundo cambio en el trato a los inmigrantes hispanos en EE.UU. De las últimas comunicaciones del Gobierno estadounidense se desprende que los agentes tienen orden de enviar a aquellos que hablen español a México, cuyo Gobierno, según se sabe ahora, colabora plenamente con la administración de Trump e impide activamente el cruce de la frontera a cientos de inmigrantes en situación irregular.

Esta nueva política afecta tanto a aquellos que se presentan ante las autoridades para solicitar asilo como a aquellos inmigrantes que son detenidos y se encuentran en EE.UU. de forma irregular. Hasta ahora, los agentes de fronteras norteamericanos no discriminaban a los inmigrantes en función del idioma que hablan o su procedencia nacional. Normalmente, se les permitía permanecer en EE.UU. mientras sus solicitudes se decidían en los juzgados. Se calcula que en EE.UU. hay más de 10 millones de inmigrantes en situación irregular, aunque Trump ha dicho en varias ocasiones que cree que la cifra real supera los 20 millones.

Devoluciones en caliente

Según unas nuevas directrices sobre cómo atender a los peticionarios de asilo y a los inmigrantes ilegales, cuya existencia ha revelado la agencia Associated Press, los agentes tienen la obligación de devolver en caliente a México a quienes hablen español o procedan de Centroamérica o Sudamérica, con contadas excepciones. Quedan exentos mujeres embarazadas, personas enfermas y homosexuales. En diciembre, la muerte de dos niños centroamericanos cuando se encontraban bajo custodia de las autoridades migratorias de EE.UU. llevó al Gobierno norteamericano a revisar sus políticas para evitar que casos como esos se repitan.

El miércoles la secretaria de Interior norteamericana, Kirstjen Nielsen, dio explicaciones sobre la política migratoria de la Casa Blanca en una vista en la Cámara de Representantes, que controlan los demócratas. Estos le preguntaron por la detención de niños, separados de sus padres, en jaulas, una medida que provocó críticas y denuncias por parte de la oposición. Nielsen respondió: «No son jaulas, son partes de las instalaciones que tenemos en la frontera que están aisladas para ofrecer a aquellos que se encuentran en EE.UU. seguridad y protección». Preguntada sobre si el gobierno norteamericano discrimina a los inmigrantes por origen o raza, Nielsen dijo que «no».

El diputado demócrata de Texas Al Green respondió que la Administración Trump está practicando una política migratoria discriminatoria. «Hay quienes piensan que ya hay demasiada gente de color en este país», dijo. «Y estas personas, una de las cuales es el presidente, están dispuestas a adoptar políticas que impedirán a la gente de color entrar en este país. A los niños blancos no se les trataría como usted trata a los niños de color, señora secretaria. Este es un problema de color, de raza».

Máximo histórico

A pesar de las restrictivas medidas migratorias de Trump, el número de cruces ilegales de la frontera ha llegado a máximos históricos. El mes pasado los agentes detuvieron a 66.450 sin papeles que habían entrado en EE.UU. de forma irregular. En total, fueron 76.100 los inmigrantes que cruzaron ese mes, según cifras que ha hecho públicas la Casa Blanca. Es un máximo histórico y se trata de un incremento intermensual del 31%. Quienes entran y son detenidos se encuentran con que sus casos entran en un proceso judicial lento, con 800.000 casos aún sin resolver.

Atendiendo a estas cifras, el presidente de EE.UU. ha declarado el estado de emergencia en la frontera con México y ha movilizado fondos militares para acabar de construir el muro. De ese se han erigido 1.000 kilómetros, de los 3.000 de su extensión total. Trump mantiene que con esta medida acabará de una vez por todas con los cruces ilegales. Mientras, el nuevo Gobierno de México ha dado un giro radical a su política migratoria y según la Casa Blanca colabora plenamente con las autoridades norteamericanas, impidiendo el cruce a EE.UU. de inmigrantes centroamericanos y aceptando sin reparos las devoluciones en caliente.

Según Judy Rabinovitz, abogada del grupo Unión Americana de Libertades Civiles, nunca antes el Gobierno de EE.UU. había discriminado de esta manera a un grupo étnico en los trámites de la concesión de asilo. «Sabemos que su prioridad es devolver a centroamericanos, pero que lo hayan expresado de una forma tan clara y por escrito es realmente dañino para el sistema», asegura.