El presidente impulsa una prohibición casi total y el rival demócrata busca blindar la legislación de 1973 con una ley federal
(ABC) Desde la sentencia del Tribunal Supremo conocida como «Roe versus Wade», que hace casi medio siglo despenalizó el aborto por 7 votos frente a 2, no existe probablemente en Estados Unidos debate social más controvertido y apasionado que el de la interrupción voluntaria del embarazo. Y este año electoral no es una excepción. La novedad quizá estriba en la nitidez con que los dos contendientes a la Casa Blanca defienden sus posiciones: Donald Trump en contra de la práctica abortista, y Joe Biden a favor. Otra peculiaridad del debate de este año es su argumentario laico: pese a que a Trump tiene el respaldo sin fisuras de los líderes protestantes evangélicos, él no oculta su desinterés personal por la práctica religiosa. Biden, en cambio, ha jugado en varias ocasiones la baza de ser -por tradición familiar y origen irlandés- «católico y practicante», aunque defienda en materia de protección del nasciturus una posición meridianamente contraria a la doctrina de la Iglesia.
Donald Trump quiere culminar lo que ya prometió antes de llegar a la Casa Blanca en 2016: lograr que el aborto sea ilegal en Estados Unidos y vuelva a estar penalizado, salvo para los casos de violación y grave peligro de la vida de la madre. El presidente republicano logró en su primer mandato situar en el Supremo a dos jueces antiabortistas, aunque el equilibrio sigue siendo favorable a Roe v. Wade. Junto a eso, centenares de jueces provida han llegado a los tribunales de justicia de los estados, facilitando en muchos de ellos restricciones a las prácticas abortistas. Alabama es el caso más emblemático.
Paralelamente, el presidente Trump ha prohibido la entrega de fondos federales a las organizaciones que practican el aborto o facilitan los trámites y el acceso a las clínicas abortistas. No solo en los Estados Unidos. Algunas organizaciones internacionales, en particular Planned Parenthood, que promueve la planificación familiar y el aborto en el Tercer Mundo, han perdido millones de dólares en fondos del Gobierno federal. La denostada por los demócratas Enmienda Hyde prohíbe que el dinero federal de los contribuyentes financie prácticas contra la vida, un principio que algunos abortistas denuncian como «hipócrita» porque el dirigente republicano es abierto defensor de las armas y de la pena de muerte. «No para las víctimas inocentes en el vientre de la madre», suele replicar Trump.
Irónicamente, si hay un candidato que ha tenido una experiencia fuerte con el drama de la muerte de seres queridos es Joe Biden. Años después de casarse, y ya con tres hijos, perdió a su primera mujer y a una hija en un accidente de tráfico. En 2015 su hijo Beau -que apuntaba una brillante carrera política- murió de un tumor cerebral. Joe Biden, que en ocasiones ha mostrado el rosario de su hijo que porta en una muñeca como señal de religiosidad, defiende no obstante la postura oficial de su partido en materia de aborto. Es «un derecho ya adquirido de la mujer» que él promete defender, aunque la moral católica respecto al no nacido no admite dudas ni excepciones.
Consciente de que, pese a una eventual victoria en las presidenciales de noviembre, el Tribunal Supremo podría experimentar pronto un vuelco en favor de una mayoría de magistrados provida, el candidato demócrata promueve una ley federal dirigida a blindar el aborto. Si en su día se aprobase en el Congreso, la ley mantendría la práctica abortista despenalizada en todo el país aunque el Supremo llegara a revocar «Roe v. Wade». Para ello los demócratas necesitan no solo colocar a Joe Biden en la Casa Blanca sino también la victoria de sus candidatos en la renovación de las dos cámaras.