Mucho antes de que el presidente definiera el Humanismo mexicano como política de estado, la gobernadora Evelyn Salgado ya estaba ejerciendo una estrategia de gobierno basada en principios humanistas que se enfocó, primordialmente, en La Montaña de Guerrero.
La verdad es que la joven mandataria ha sorprendido gratamente a propios y extraños. Y no es para menos: aunque en lo general ha desarrollado un enfoque con perspectiva de género en la construcción de herramientas técnicas para la gobernabilidad, la esencia de esa gobernanza ha sido el humanismo en la forma de abordar las diversas problemáticas.
Lo más destacable, decíamos, es el programa para proteger a las niñas y adolescentes de los pueblos indígenas de costumbres abusivas, así provengan de usos y costumbres que en
su esencia son machistas y misóginos, en detrimento de las muchachas de esa región.
Desde principios de los noventa, los pueblos náhuas, tu’unsavi, ñomdaa y tlapanecos se han manifestado públicamente en la defensa de sus derechos. Una de sus manifestaciones
más simbólicas fue una marcha denominada Nunca mas el silencio, que se llevó a cabo en plazas de ciudades y municipios principalmente del sur del país.
De hecho, desde esa fecha surgió la idea de construir sus propios organismos de seguridad, plan que luego se materializó en el surgimiento de la Policía Comunitaria como una forma de proteger sus comunidades de la delincuencia, fenómeno ante el cual se
sabían olvidados por el gobierno mestizo.
Para el efecto, se ampararon en los contenidos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el gobierno mexicano es uno de los firmantes.
Pero los pueblos indios se olvidaron de mirar hacia dentro: es decir, de analizar el trato que se otorgaba al sector femenino de sus comunidades.
Y, claro, la diferencia cultural es abismal respecto de la sociedad mestiza. Por ejemplo, en las comunidades indígenas los jóvenes se casan a temprana edad. Un joven de 16 años contrae matrimonio y en automático se convierte en ciudadano mayor de edad con voz y
voto en las decisiones que tienen que ver con la comunidad, algo muy distinto de lo que marca la ley de las sociedades mestizas, que establece los 18 años como mayoría de edad, por citar un comparativo.
Pero las mujeres se encuentran todavía a mucha distancia de gozar de esa relativa autonomía de la que disfrutan los hombres.
En muchas comunidades es habitual que las niñas de 11 o 12 años se prometan en matrimonio a algún solicitante varón. Por lo regular la opinión de las niñas o adolescentes no son tomadas en cuenta.
Se entenderá entonces que la opresión machista se ceba brutalmente contra niñas y jóvencitas que tienen que acatar lo que ordenen sus mayores, aún si parece injusta la decisión de los padres y los maduros (xa’cua’, les dicen en la lengua Tu’unsavi).
En los 19 municipios de la región de La Montaña habitan casi medio millón de hablantes de lenguas indígenas. Eso significa que son decenas de miles las niñas y jóvenes que deben ser rescatadas de esa opresión cultural que las convierte en mercancías, máxime si el solicitante es un mestizo que busca comprar una esclava sexual, para lo cual habrá de invertir en los gastos de la boda y en algunos regalos para complacer a los padres.
Pero, al ser una conducta cultural la que da origen a esa práctica, es menester plasmar en la ley los mecanismos sancionatorios y resarcitorios de esa costumbre bárbara, que deberá contar con el apoyo de los ancianos de las comunidades, principalmente en los
municipios indígenas más aislados.
Para el efecto, no basta establecer leyes. Es necesario que se construya una campaña que cuente con el consenso de las autoridades indígenas a todo lo largo y ancho de la región, dando énfasis en los municipios más recónditos, cuyas comunidades por lo regular son monolingues.
Como se verá, no es un trabajo nada fácil pues encontrarán una resistencia feroz de las propias autoridades -comisarios, representantes y liderazgos indígenas que no están dispuestos a abandomar sus costumbres-. Pero es un plan que se tiene que llevar a cabo ineludiblemente, sobre todo si contamos con una gobernadora sensible a ese tema y dispuesta a garantizar la protección de los derechos humanos de niñas y adolescentes indígenas.
A la par, habrá que cumplir y hacer cumplir la promesa presidencial de llevar los apoyos ecesarios para La Montaña, tal como se comprometió Andrés Manuel López Obrador
desde el principio de su campaña.
Ese medio millón de ciudadanos mexicanos de extracción indígena deberán ser atendidos, por primera vez en 500 años, tal como son atendidos los habitantes mestizos: con todas las prerrogativas, derechos, responsabilidades e inversiones que puede y debe
aplicar el estado mexicano.
Que bueno que el presidente López Obrador reconoció públicamente el esfuerzo de la gobernadora Evelyn Salgado en una de sus conferencias matutinas de la semana pasada.
También está obligado a respaldar totalmente ese esfuerzo sobrehumano de la mandataria estatal, que ha causado una sorpresa agradable en muchos sectores que desconfiaban de ella.
¿Qué necesita La Montaña? Además de la prioritaria atención a las niñas, también necesita caminos –el ebogado comunitario Manuel Vazquez Quintero está desarrollando un trabajo loable con los caminos artesanales-, infraestructutra médica, educativa e inversión para generar empleos, con lo que se reduciría sustancialmente la migración al norte y a Estados Unidos de familias enteras.
Eso implicaría una inversión global de cerca de un mil millones…de dólares. Pero hay que hacerlo… antes de que sea demasiado tarde.
Adelante, Evelyn…