La infame injusticia cometida por la justicia de Guerrero, tan ciega y cruel que no tiene miramientos
Por: Claudio Vargas
Acapulco Gro., 20 de abril del 2020 (Noticias Acapulco al Desnudo.com) Inconcebible por el ángulo que se le quiera ver a la infame condena de 20 años en contra de un hombre envejecido y ciego en la región de la Tierra Caliente en Guerrero.
En medio de la oscuridad Antonio Gómez Freyat, con 60 años de edad y ciego desde hace 40 años, pide clemencia, detrás las frías paredes de una cárcel, su pecado, es ser señalado y sentenciado a 20 años de cárcel por el asesinato de un juez del Poder Judicial en la entidad.
En una sentencia grotesca lo señalan de matar a una personas que nunca conoció, y - sin poder de defensa- con su discapacidad encima, “no pudo pagar el dinero que le pedían para ayudarlo en la pena que estaba en puerta”.
Inconcebible, sí, pero no imposible para la justicia de Guerrero, de descargar toda la furia de la sentencia de 20 años contra un hombre discapacitado que no se puede valer por sí mismo cuando su mayor pecado fue no tener dinero para resolver el asunto de la sentencia.
Muchos se preguntan, cómo le hizo un hombre de la tercera edad, ciego para liderar una peligrosa banda de secuestradores en Tierra Caliente, pues esta historia está para no creerse o Ripley. Sin poder humano que lo ayuda, este pobre hombre lleva ya 4 años y 11 meses refundido en un penal, siente impotencia, por la oscuridad en la que vive y por no poder hacer nada para liberarse de ese pecado que no cometió.
Nadie en su sano juicio, entendería como un hombre ciego, discapacitado, podría ser el autor material e intelectual del secuestro y asesinato de un juez.
El día que montaron el mega operativo para capturarlo
En un documento que circula en redes sociales, Yasmín del Carmen Gómez Freyat, hermana de Antonio, narró que el pasado 21 de febrero del año 2015, elementos de la Policía Investigadora Ministerial(PIM) implementó un mega operativo, para detener a un hombre ciego de la tercera edad, sin contar con una orden de aprehensión.
En la zona, donde fue detenido -sin piedad-, el hombre con discapacidad, la gente llegó a pensar que se trataba de un capo o un peligroso criminal. Poco después, se dieron cuenta que a quién se llevaban detenido era un hombre de dad avanzada y ciego.
Fue hasta el primero de marzo el juez Julio “N”, del Distrito Judicial de Mina, le dictó auto de formal de prisión, por le delito de homicidio, presuntamente en contra de un abogado de nombre Jesús Sales Vargas, “persona que jamás conoció”.
Como parte del recuento de esta tragedia, antes tres jueces le había dictado tres actos de formal prisión, de un crimen que no cometió. El juez Julio dicta el primero, y el juez inocente, segundo auto de formal prisión. Aunque en su derecho, recurrieron a un amparo, y el segundo don delos autos de formal prisión fueron rechazados, por no proceder, sin embargo, el juez Ovidio Morales Niño, dictó el tercer auto de formal prisión.
Curioso el caso es que después de dos años y meses de estar recluido le asestó sentencia de 20 años y todo “porque no se le dio la cantidad de dinero que pedía para su libertad”, dice la hermana Antonio Gómez en una carta enviada al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.
Ante este hecho, la familia de la víctima lamentan que aunque existe disposiciones Constitucionales, Jurisprudencia y Tratados Internacionales a favor de Antonio, “se siguen violentando sus derechos”. Primero porque al momento de ser detenido, no había una orden de aprehensión, su detención es una “privación ilegal de su libertad”, por lo que insisten que hay mala fe y corrupción de los operadores jurisdiccionales.
Familia de la víctima, sostiene que hay corrupción de jueces por esta infame sentencia
El crimen del juez Jesús Sales Vargas, fue el 14 de enero del 2015, en su domicilio particular, la víctima se desempeñaba como juez civil de primera instancia en el Distrito de Mina con sede en la Tierra Caliente. El crimen se cometió a balazos cuando iba a bordo de su auto Chevrolet Astra, en una colonia de Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato.
Ante estos hechos, no encuentran la forma en cómo pudieron encuadrar este acto, al señor que además de ser una persona con discapacidad por que no se vale por sí mismo, no podría efectuar tan semejando acto porque es ciego, por lo que consideran que se está cometiendo un acto de injusticia.
En medio de esta historia donde un hombre ciego y de la tercera edad, está preso por un crimen que no cometió, piden al gobernador de Guerrero, sea considerado su caso y se analice su expediente a fin de que sea absuelto y recupere su libertad.