La falta de efectivos ha hecho que miles de ciudadanos hayan vuelto a la economía del trueque para sobrevivir
(ABC).- El jueves un terrorista suicida intentó atentar contra los que solicitaban sus pasaportes para salir de Afganistán
Afganistán vuelve a expedir pasaportes, aunque abandonar el país sigue siendo una tarea extremadamente arriesgada. Los centros de tramitación, sobre todo el de Kabul, se han convertido en objetivo del Estado Islámico y acentuado la sensación de terror y derrumbe en una población que se enfrenta a la severidad del régimen, la debacle del sistema bancario y el hambre, hasta el punto de que ahora mismo sustenta su supervivencia en el trueque y la ayuda del Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones.
Tras la reapertura de las oficinas de pasaportes el pasado día 18, cientos de personas hacen cola a diario en espera de sus documentos. Muchos llegan de madrugada. No quieren volver de vacío a sus casas
tras una jornada completa a las puertas de los centros. Pero han bastado cuatro días para destrozar uno de los pocos elementos de incipiente normalidad administrativa -y también de esperanza- que ofrece Afganistán desde el final definitivo de la invasión talibán en agosto. Un kamikaze intentó el jueves atentar contra los solicitantes en plena calle, aunque fue abatido por las fuerzas de seguridad locales antes de detonar la bomba adosada a su cuerpo.
Contra los talibanes
El atentado se dirigía contra los talibanes y familiares de cargos del régimen que tenían ese día reservado para pedir pasaportes. El Ministerio del Interior reconoce que las alarmas han prendido y la Policía se ha visto obligada a reforzar la seguridad. Incluso los agentes dispersan a los ciudadanos cuando se apiñan delante de las oficinas, conscientes de la masacre perpetrada por la rama local del Daesh en agosto contra una muchedumbre que intentaba acceder al aeropuerto en las postrimerías de la evacuación extranjera. Más de 140 personas murieron por un ataque prácticamente idéntico al que los terroristas querían realizar esta semana.
Las aglomeraciones en busca del pasaporte se han convertido en un símbolo del nuevo éxodo afgano. Acuciados por una crisis económica que empeora por días y el miedo la violencia, numerosas familias, exaltos cargos oficiales y tecnócratas intentan hacerse con los documentos que les permiten salir del país. Otros ciudadanos ansían la licencia para poder visitar a sus parientes en el extranjero, acceder a tratamientos médicos o intentar recuperar relaciones comerciales.
Pero posiblemente el colectivo más numeroso que desea dejar atrás su tierra lo compongan las decenas de miles de afganos que colaboraron con las tropas aliadas durante los últimos veinte años como intérpretes, conductores o suministradores de abastecimientos. La precipitada retirada del Ejército estadounidense y del resto de fuerzas internacionales y el rápido avance de la reconquista taliban dejaron a un gran numero de colaboradores atrapados en los suburbios de Kabul y otras ciudades alejadas de la capital. Muchos de ellos no lograron llegar a Kabul para desde allí tomar los aviones rumbo a la libertad y ahora permanecen varados y escondidos en pueblos alejados de la capital y bien escondidos por temor a ser ejecutados. El número de solicitantes de visado para ir a EE.UU. supera las 60.000 personas y las autoridades americanas confían en que el régimen les facilite su salida del país, aun bajo la sombra amenazante de las represalias. La Casa Blanca ha informado de que la mitad de ese colectivo ha superado ya las investigaciones del Departamento de Estado y podrían ser evacuados sin más obstáculos.
El salario de las mujeres
Los analistas internacionales coinciden en que el miedo es uno de los motores que mueven a los solicitantes de pasaporte, pero tan importante como aquel resulta la falta de expectativas económicas. Enero es un mes clave. La ONU y el FMI consideran que el país se enfrenta en este próximo comienzo de año a un colapso general de su economía. Los fondos que el Gobierno afgano anterior tenía depositados en el extranjero, unos 7.900 millones de euros, continúan bloqueados, las ayudas internacionales que sostenían el sistema -Afganistán es un Estado plenamente ‘subvencionado’- entran a cuentagotas y el régimen ha dejado de pagar el salario a los funcionarios.
Por si esto no fuera suficiente, las mismas leyes talibanes respecto a la mujer están acentuando la crisis. Hasta ahora, las trabajadoras aportaban al sistema unos 700 millones de euros anuales y ayudaban a alimentar el sector de consumo, lo que ha desaparecido con el veto a que las mujeres tengan un empleo -aproximadamente se ha mantenido a un 20% de las funcionarias-. Por otro lado, los ciudadanos están autorizados a sacar de sus cuentas una cantidad mínima diaria, pero hasta eso se acaba ya que los bancos padecen una brutal falta de liquidez. Millones de afganos ya no pueden obtener dinero en efectivo, lo que ha multiplicado los mercadillos de trueque, donde las familias intercambian sus escasas propiedades -desde vajillas a juguetes- por comida u otros artículos de primera necesidad. «Es ya una cuestión de pura supervivencia», reconocen los vendedores.
Los sacos de alimentos que regularmente traen los programas internacionales -fuertemente custodiados por los talibanes- son el único recurso, ya no solo en las regiones más marginales sino en la propia capital. La ONU alertó en vísperas de Nochebuena que el país está al borde de la «catástrofe humanitaria» y calcula que un millón de niños podrían morir en los primeros meses de 2022, un año que se presenta de todo menos feliz en este rincón tan alejado de Belén como de Occidente.