El caso peruano muestra que una macroeconomía saneada no garantiza transformaciones sociales y estructurales de calado
(ABC) Perú ha sido modelo, en muchos aspectos, en esta pandemia de coronavirus. Fue uno de los primeros países de Latinoamérica en restringir movimientos, con cuarentena y toque de queda que pueden prolongarse aún todo este mes de junio, y en aprobar un importante paquete de estímulos económicos, que es el mayor de la región (las medidas inicialmente suponían el 12% del PIB y hoy pueden acercarse ya al 17%).
Pero simultáneamente Perú ha puesto en evidencia que tanto una política de ortodoxia macroeconómica mantenida en el tiempo, reforzada por acciones ocasionales de gobiernos eficientes, pueden no bastar para transformaciones sociales y estructurales de calado. La insuficiente inversión en sanidad, por ejemplo, ha dejado a los peruanos bastante a merced del virus.
Así, Perú es el segundo país latinoamericano más afectado por la infección: a fecha de hoy cuenta con 170 mil contagiados (solo por detrás de los 526.000 de Brasil) y 4.634 muertos (Brasil tiene 29 mil 937; México ha registrado 10 mil 167 muertos, pero sus 93 mil 435 contagios quedan por debajo, al menos de momento, de las cifras peruanas). La población total de Perú es de 32 millones, lejos de los algo más de cien millones de México y de los doscientos millones de Brasil.
Mejor que Ecuador, pero peor que Chile
La dramática situación sanitaria es comparable a la de Ecuador, país igualmente muy afectado. Sin embargo, Perú debería estar en mejor posición luego de años de importante crecimiento económico (entre el 4% y el 5% del PIB), de tres décadas de políticas alabadas por el Fondo Monetario Internacional y de unas cuentas públicas habitualmente saneadas.
El hecho de que no haya habido una mayor corrección de la desigualdad y de que la inversión pública en salud sea la segunda más baja en Sudamérica explica que el país no pueda estar en una situación próxima a la de Chile, donde si bien se han registrado 105.000 infectados, los muertos solo ascienden a 1.113 gracias a una mejor asistencia sanitaria (Chile tiene 19 millones de habitantes).
Otros aspectos de la realidad peruana han contribuido también, presumiblemente, a la propagación del virus. Es el caso de la alta informalidad (el 70% de los trabajadores; además, el 40% de los formales son autónomos), que ha obligado a muchas personas a intentar seguir manteniendo cierta actividad económica para poder subsistir. También el reducido número de ciudadanos con cuenta bancaria (38%), lo que hizo que la gente se agolpara a las puertas los bancos para cobrar los subsidios otorgador por el Gobierno.
Un estímulo de casi el 17% del PIB
Con todo, la mejor manera de poder subsanar en los próximos años cualquier deficiencia interna es salir de la presente crisis económica cuanto antes y con fuerza. Eso es lo que ha pretendido el presidente Martín Vizcarra y su ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, cuya gestión y juventud (35 años y un máster en Harvard) han atraído la atención popular y de los medios.
Las saneadas cuentas públicas, con un volumen de deuda a finales de 2019 del 26,9% del PIB, una de las cifras más bajas de Latinoamérica, han dado suficiente margen al Gobierno para diseñar un ambicioso plan de recuperación (en cambio, la alta deuda en otros países ha limitado la capacidad de reacción de estos), aunque como muchos otros Ejecutivos ha llamado a las puertas del FMI para posibles créditos.
Entrega de cheques
Además de destinar de entrada algo más de 300 millones de dólares a la emergencia sanitaria, el gobierno anunció en abril un sistema de bonos para los hogares más necesitados y de créditos para trabajadores independientes y para pequeñas empresas. Primero comenzó a repartir un cheque de 110 dólares, destinado a 2,7 millones de hogares, junto con otro bono específico para la población rural; para estas transferencias monetarias directas se aprobó un paquete de casi mil millones de dólares, según el recuento que hizo el FMI a finales de mayo sobre la actuación de cada país.
Otras medidas fueron ciertos alivios de impuestos, por valor de 3 mil millones de dólares y liquidez para las empresas por 88 millones de dólares. Todas estas medidas suponían un gasto del 2% del PIB. Posteriormente, el gobierno incrementó el paquete fiscal, elevando la dotación del plan al 7% del PIB.
Junto a ello, el Banco Central ha anunciado un paquete de 17 mil 500 millones de dólares (8% del PIB) para ayudas de liquidez en préstamos y cadena de pagos.
Paquetes económicos de otros países
De acuerdo con el FMI, a finales de mayo las medidas acordadas en Brasil alcanzaban el 11,5% del PIB. Se han activado medidas fiscales (8% del PIB) y los bancos públicos han articulado créditos (3%); además, el Gobierno apoyará el pago de salarios con otra línea de créditos (0,5%).
En el caso de Chile, el estímulo es del 6,7% del PIB. El 19 de marzo, el Gobierno presentó un paquete de medidas fiscales de hasta 11.750 millones de dólares dirigido a apoyar el empleo y la liquidez de las empresas (4,7% del PIB). El 8 de abril se anunciaron 2.000 millones adicionales para apoyar a los hogares más vulnerables y a los trabajadores autónomos, y un plan de garantía del crédito de 3 mil millones (otro 2%).
Argentina cuenta con un paquete equivalente al 4,1% del PIB, mediante el uso de partidas presupuestarias (2,3%) y la movilización de recursos fuera de los presupuestos (1,8%).
En Colombia, el paquete es del 2,8% del PIB. El Gobierno creó en marzo un Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que toma recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades (por valor del 1,5% del PIB). Esto se complementará con la emisión de bonos y otros recursos presupuestarios (1,3%).
A pesar del tamaño de su economía y de la amplia afectación de la pandemia, en México el estímulo es solo del 1,6% del PIB. Por un lado, está la creación de un Fondo de Emergencia Sanitaria que pedirá al Congreso hasta 8 mil 100 millones de dólares (0,7% del PIB), y por otro la adopción de ayuda para el gasto sanitario (0,2%) y de créditos (0,7%).
Menor es el paquete de Ecuador, que queda por debajo del 1%, debido a la complicada situación económica –con alto déficit y gran volumen deuda– con la que el país ha llegado a la presente crisis. El país espera poder aumentar sus recursos públicos para hacer frente al gasto de la pandemia mediante el aumento de ingresos por impuestos a través de dos vías: un impuesto adicional del 5% sobre los beneficios de las empresas que ganaron más de un millón de dólares en 2019, y un impuesto progresivo para aquellos que tienen un salario superior a los 500 dólares.