Integrantes de grupos extremistas testifican que creían actuar al dictado del ex presidente
(ABC).- La comisión que investiga la insurrección y el saqueo del Capitolio el 6 de enero de 2021 ha relacionado directamente a Donald Trump con los grupos extremistas que descendieron sobre Washington aquella jornada, y ha descrito varios mensajes del ex presidente en redes sociales como «una llamada a las armas» para impedir el traspaso pacífico de poderes.
Los diputados de la comisión incluso mostraron el borrador de un mensaje de Twitter en el que Trump pedía a sus seguidores que fueran al Capitolio para «impedir el fraude», aunque nunca lo envió, por motivos que no están claros. Por entonces, varios asesores del ex presidente le habían recomendado hasta movilizar al ejército para requisar máquinas que procesaron los votos en las elecciones, con el objetivo de anular el resultado.
El presidente cae a los peores índices en popularidad en medio siglo a estas alturas de una presidencia, y ya tiene competencia en su propio partido para las presidenciales
Muestra del nerviosismo del expresidente, la republicana Liz Cheney, que es vicepresidenta de la comisión, reveló que este ha tratado de contactar con un testigo secreto, se supone que para influir sobre él. El testigo informó a la comisión y esta, a su vez, a la fiscalía.
«Esa persona se negó a contestar o responder a la llamada del presidente Trump, y en su lugar alertó a su abogado de la llamada. Su abogado nos alertó a nosotros. Y este comité ha suministrado esa información al Departamento de Justicia», dijo Cheney.
Entre testimonios de insurrectos y antiguos integrantes de grupos extremistas, y documentos amasados en los pasados meses, la comisión ha presentado un mensaje de Trump como toda una convocatoria a la insurrección. En aquel mensaje de Twitter, muy comentado en su día, del 19 de diciembre de 2020, Trump anunciaba la «gran protesta» del 6 de enero. «Vengan, será salvaje», dijo.
El 6 de enero de 2021 tenía lugar en el Capitolio una ceremonia en la que el vicepresidente de entonces, Mike Pence, certificaría los resultados de las elecciones de dos meses antes, proclamando a Joe Biden ganador. Trump se negó a aceptar los resultados, denunciando un falso fraude que han desmentido todos los tribunales posibles, incluido el Supremo.
Trump convocó a la marcha, y tuvo un mitin aquel día ante la Casa Blanca, al término del cual dijo que marcharía con los manifestantes hasta el Capitolio, que está a apenas dos kilómetros. Una turba, entre la que había integrantes de grupos violentos como los llamados Proud Boys o los Oath Keepers, descendió sobre ese edificio donde tiene su sede el poder legislativo. Hubo, en total, cinco muertos relacionados con la insurrección de aquel jornada. Trump no acudió al Capitolio.
La representante de Florida Stephanie Murphy dijo en la comisión de este 12 de julio que el mensaje en Twitter de Trump «sirvió de llamada a la acción y en algunos casos como llamada a las armas». Murphy, demócrata, añadió que el expresidente «pidió refuerzos» al argumentar que el vicepresidente Pence y otros republicanos no tenían suficiente valor como para intentar bloquear el ascenso de Biden a la presidencia. La comisión mantiene que la turba quiso ahorcar a Pence.
La comisión escuchó del testigo Stephen Ayres, que se declaró culpable el mes pasado de un delito menor de alteración del orden público aquel 6 de enero, y que recibirá sentencia en septiembre. Ayres dijo que vino a Washington porque creía que era lo que le había mandado Trump, y abandonó el Capitolio cuando éste pidió en un Twitter tres horas después que se marcharan.
«Esencialmente estábamos siguiendo lo que decía el presidente», dijo Ayres. Ha sido una línea de argumento de muchos de los insurrectos imputados, que han alegado en muchos casos que se limitaban a seguir indicaciones de Trump como líder, buscando una reducción de condena. Preguntado por la representante de Wyoming Liz Cheney si todavía cree que las elecciones fueron fraudulentas, Ayres dijo: «Ya no tanto».
Tras su testimonio, Ayres se acercó a agentes de policía que defendieron el Capitolio de la insurrección y sufrieron heridas para pedirles disculpas. Estos le miraron con el gesto grave, sin reaccionar.
Después, testificó Jason Van Tatenhove, un viejo integrante de los Oath Keepers, que se salió de ese grupo extremista antes de la insurrección, tras darse cuenta de que es, dijo, «una milicia violenta». «Creo que tenemos que dejarnos de rodeos y hablar de verdades y de que lo que iba a ser era una revolución armada», dijo a una comisión con gesto atónito. «Esto podría haber sido la chispa que iniciara una nueva guerra civil», añadió.
La comisión, de hecho, mostró una serie de mensajes de texto de Brad Parscale, que fue director de la campaña de Trump en 2020, en la que describía las acciones de su propio jefe, el ex presidente, como «una incitación a la guerra civil». Parscale lamentaba también haber ayudado a Trump a ganar en 2016.
Varios integrantes de los Oath Keepers, los Proud Boys y otros grupos extremistas han sido acusados por el ministerio fiscal de conspiración y sedición en casos que aun se están dirimiendo en los tribunales. Esta comisión del legislativo no imputa cargos, pero quiere demostrar que esas milicias operaban coordinadas en algún grado con el entorno de Trump.
«Nunca antes en la historia de Estados Unidos un presidente había convocado a una multitud para que acudiera a impugnar el recuento de los votos electorales del Congreso», dijo otro de los legisladores, el demócrata Jamie Raskin.
La comisión también dejó claro que no dejará a Trump, que se ha negado a cooperar, que descargue la culpa de la incitación a la insurrección sobre asesores suyos fuera de la Casa Blanca, como el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani o la abogada Sidney Powell. Según la republicana Cheney, «el presidente Trump es un hombre de 76 años. No es un niño. Al igual que todos los demás en nuestro país, es responsable de sus propias acciones y sus propias elecciones. Donald Trump no puede eludir su responsabilidad argumentando ceguera».