Reporteros Sin Fronteras exige la liberación de los hombres y mujeres en prisión, condenados a muerte o desaparecidos por intentar ejercer su derecho a informar en países represivos, como Burundi, Marruecos, Turquía o Arabia Saudí
Quedan demasiados países en negro en la Clasificación Mundial de Reporteros Sin Fronteras (RSF), lugares donde el ejercicio del periodismo se castiga con la persecución, la tortura o la muerte, mientras sus ciudadanos vagan entre las tinieblas de la desinformación o bajo el efecto anestésico de la propaganda. Para rendir homenaje a todos los que se han atrevido a plantarle cara a la censura, la sección española de RSF ha reunido a varios periodistas, decididos a recordar a sus colegas perseguidos a través de vídeos donde exigen que sean puestos en libertad. Aunque sea de manera sombría, la fecha no puede resultar más apropiada. Este 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con millones de personas encerradas en sus hogares por una pandemia que se podría haber evitado si el Partido Comunista Chino (PCCh) no hubiera acallado a los médicos de los hospitales de Wuhan o hubiera derribado la alambrada que impide la existencia de medios de comunicación independientes, capaces de haber denunciado y advertido de lo que estaba por venir.
Desde primera hora de la mañana, RSF ( @RSF_ES) publica una sucesión de vídeos donde periodistas españoles recuerdan la labor y el castigo al que han sido sometidos sus colegas extranjeros. Por citar dos ejemplos, el presidente de la sección española de la organización, Alfonso Armada, ha pedido la liberación de Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Térence Mpozenzi y Egide Harerimana, cuatro miembros de la redacción de Iwaku, un semanario independiente de Burundi, mientras que Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha denunciado que el saharaui Walid El Batal sufra la prisión en Marruecos. Ambos países, Burundi y Marruecos, ocupan la posición 160 y 133 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, que mide la calidad de ese derecho en 180 países.
Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París, ha tenido palabras en recuerdo a Raif Badawi, el joven saudí detenido en junio de 2012 por «insultar al Islam», condenado dos años después a diez de prisión y 1.000 latigazos. En 2018, el reino del desierto acaparó la atención internacional por el asesinato de Jamal Khashoggi, un periodista crítico que fue descuartizado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Sobre el crimen, siempre se alzó la sombra del príncipe heredero, Mohamed Bin Salman. Con ese suceso, el mundo recordó el escaso respeto que el país siente por los derechos humanos, que acalla con dólares obtenidos del petróleo.
Enrique Serbeto, corresponsal de ABC en Bruselas, también se ha unido a esta iniciativa pidiendo la puesta en libertad de Narges Mohammadi, una periodista iraní detenida en mayo de 2015, y acusada de «reunión y conspiración contra la República Islámica» y «propaganda antigubernamental», como detalla RSF en su página, además de ser señalada por pedir la abolición de la pena de muerte. En sus informes, la organización en defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) suele detallar las tropelías que se comenten en el régimen de los Ayatolás, donde las mujeres padecen discriminación y son perseguidas si rompen con el papel que le reservan los clérigos.
Además de Burundi, Irán y Marruecos, otros países sobre los que RSF llama la atención este domingo son Turquía (154), donde se pide la liberación del periodista Ahmet Altan; Camerún (134), con Amadou Vamoulké; Argelia (146), con Khaled Drareni; Yemen (167), con los cuatro periodistas que han sido recientemente condenados a muerte; China (177), con los desaparecidos Chen Oiushi y Fan Bin; Egipto (166), con Mahmoud Hussein, o Arabia Saudí (170), con Raif Badawi.
La amenaza del coronavirus
Como confirman los datos, las preocupaciones de RSF no son infundadas. En 2019, fueron asesinados 49 periodistas, la cifra más baja desde 2003. Hartos de sufrir el hostigamiento de regímenes represivos o persecución y muerte en zonas de guerra o dominadas por el narcotráfico, muchos informadores decidieron tirar la toalla. Su claudicación explicaría el descenso del número de muertes, engañosamente esperanzador. De un vistazo, el mapa de la Clasificación Mundial 2020 confirma la magnitud de sus temores. En negro, una lista extensa de países, integrada por Cuba, Egipto, Sudán, Libia, Somalia, Arabia Saudí, Siria, Irak, Irán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán, China, Corea del Norte, Vietnam y Laos, recuerda que queda bastante trabajo por hacer, puesto que la libertad de prensa suele ir de la mano de la democracia, que no se da por hecho en muchas regiones del mundo.
Sirviendo de excusa para que los líderes autoritarios continúen achicando las libertades de sus ciudadanos, la Covid-19 pende como una nueva amenaza sobre los periodistas que trabajan donde la represión es la norma. En un primer momento, la propaganda China pretendió presentar a su país como un campeón contra la pandemia, capaz de contenerla gracias a la eficacia con la que se habían tomado medidas para frenar su expansión, como si el carácter autoritario del régimen hubiera sido una ventaja frente a las caóticas democracias, donde se cuestionan las órdenes que llegan desde arriba y los ciudadanos se quejan demasiado. Como demostró RSF, lo cierto es que esa razonamiento estaba construido con falacias, ocultando que Pekín había maquillado las cifras reales de muertos y que Taiwán y Corea del Sur, donde sí se respetan las libertades, llevaron a cabo un trabajo frente al virus mucho más eficaz. Decisiones como las del Kremlin, que reforzará el control sobre los ciudadanos con códigos QR, como informaba hace días Rafael M. Mañueco, corresponsal de ABC en Moscú, muestran que el combate contra la infección puede tener un reverso tenebroso. Lo mismo ocurre en Cuba, donde el régimen estrechará la libertad de expresión y prensa mediante la «Ley Azote», como explicaba Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal en La Habana, hace unos días.
Con 300 periodistas encarcelados en el mundo, sólo el compromiso con la libertad de expresión podrá evitar que nuevos informadores acaben entre rejas. Las amenazas son múltiples, pero también la decisión para frenarlas, liderada por organizaciones que luchan para evitar que más voces sean silenciadas.